Poco antes de que se cumplieran las 72 horas que la JEP señaló como término para que la Fiscalía le entregue todo lo relacionado con los bienes no declarados de las Farc, el fiscal general hizo un interesante enroque dirigido a la Corte Constitucional. El más reciente pulso entre la Fiscalía General y la Jurisdicción Especial de Paz estriba en quién tiene el control del conjunto de bienes que las Farc no puso a disposición al momento de dar su paso a la legalidad. La Fiscalía ha investigado propiedades, caletas y expedientes de testaferrato y sostiene que ha descubierto un cúmulo equivalente a 2,3 billones de pesos que no fueron declarados pero que en realidad pertenecerían a la desmovilizada guerrilla. Por su parte, la JEP supone que es competente para disponer de esos bienes y bajo esa lógica ha solicitado el inventario para disponer de los mismos. La fiscalía se niega y por eso ahora acude a la Corte Constitucional, solicitándole que confirme que el ente investigador es la autoridad competente sobre tales elementos. La controversia se agudizó esta semana, cuando se conoció que la JEP le dio un plazo de tres días tanto a la Fiscalía como a la Superintendencia de Notariado y Registro y al Ministerio del Interior para que entregaran la información concerniente a esos bienes no declarados que le pertenecerían a las Farc. En el límite del plazo llegó la respuesta del fiscal Martínez. El argumento esencial que esgrime el ente investigador para justificar su competencia sobre esos bienes, es que así lo dispone el mismo acuerdo de paz firmado entre el Gobierno y las Farc. En contexto: Sube tensión entre Fiscalía y JEP por inspección al expediente madre del secuestro En lo pactado, se determinó el 15 de agosto de 2017 como la fecha límite para que la organización desarmada presentara la relación de sus activos, que se usarán para reparar a las víctimas de la guerra. "Los bienes y activos que no hayan sido inventariados una vez concluido el proceso de dejación de armas, recibirán el tratamiento que establece la legislación ordinaria", señala el acuerdo. A la luz de la justicia ordinaria, dicha competencia le corresponde a la Fiscalía. "Por ende, cualquier intento de que los bienes no inventariados se cometan a trámite distinto, falsea la voluntad de paz de las partes y, por ende, el marco legal del proceso se paz", dice la Fiscalía en su petición a la Corte para que dirima el debate. Para soportar esa solicitud, la Fiscalía acude a una aclaración que le hizo Humberto de la Calle, cuando era el jefe negociador del Gobierno en La Habana, y el ente investigador lo interrogó sobre el asunto, que ya estaba previsto como una polémica: "Comparto su opinión", contestó De la Calle -citado por la Fiscalía- "permanece incólume la competencia de la Fiscalía General de la Nación". Puede leer: Las cinco reservas del fiscal al fallo de la corte sobre la JEP De momento, lo que está en juego es la competencia sobre 548 predios urbanos, 5.228 bienes rurales, 207 bienes baldíos, 284 establecimientos comerciales, 792.000 semovientes, 1.116 automotores y también la evidencia de caletas con millones de pesos y de dólares. La lista de ese botín se armó a partir de la revisión de millones de archivos incautados a la exguerrilla y miles de entrevistas realizadas a los que fueron sus miembros. En su solicitud a la Fiscalía, la JEP aseguró que destinar los bienes de las Farc a un fin distinto a la reparación de las víctimas era desconocer su origen, y lesionar política y moralmente a las víctimas. De ser asumido así, los activos de la guerra extintos y que no fueron declarados, irían al Fondo de Reparación de víctimas, y no al presupuesto nacional. Ese argumento, a consideración del fiscal general, desborda las competencias del tribunal de justicia transicional. Para la Fiscalía, la intención de la JEP de disponer de los bienes no declarados, incluso de los que siga encontrando el ente investigador en el futuro, es "una extravagancia". En últimas, será la Corte Constitucional la que efectivamente sopese los argumentos de ambas partes. Lo que se define es el destino de recursos billonarios que la guerrilla habría amasado durante la guerra.