La fiscal Luz Adriana Camargo se pronunció sobre el reciente incidente en el que varias camionetas de la Unidad Nacional de Protección (UNP) fueron sorprendidas transportando disidentes de las Farc en Antioquia, algunos de ellos con órdenes de captura vigentes.
La fiscal Camargo aseguró: “Lo que pasó en esa caravana es algo que es sumamente complicado porque nos prende una alarma”.
“Lo que uno entendería cuando se suspenden órdenes de captura para efectos de una negociación es que los negociadores efectivamente estén bajo una agenda haciendo un proceso de negociación”, agregó en su declaración ante los medios.
El operativo en el que fueron descubiertos reveló que no solo se movilizaban disidentes con órdenes de captura vigentes, sino que también se hallaron más de 160 millones de pesos en efectivo, dos pistolas, cartuchos, discos duros y memorias USB.
Camargo señaló que este incidente implica la necesidad de revisar con mayor detalle el levantamiento de futuras órdenes de captura y vigilar más de cerca los desplazamientos realizados. Además, hizo un llamado al gobierno del presidente Gustavo Petro para que se pronuncie sobre “posibles eventos de flagrancia” en el marco de la ley para la paz total.
“El tema de desplazamientos por todo el país en este tipo de caravanas nos pone en una dificultad que yo he dicho debe modular el Gobierno nacional y, en ese sentido, estoy haciendo una solicitud para que efectivamente se pronuncie respecto de posibles eventos de flagrancia que, en mi concepto, en el marco de la ley para la paz total y en el marco de las peticiones que hace el Gobierno para la suspensión de órdenes de captura presentes y futuras, porque así está regulado en la ley, efectivamente están quedando involucrados esos escenarios”, enfatizó.
Denuncia contra la fiscal por el caso de las camionetas de la UNP
SEMANA conoció información sobre una denuncia presentada ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes contra la fiscal Luz Adriana Camargo. La acusación se centra en presuntas irregularidades en el procedimiento de captura y posterior liberación de disidentes de las Farc que viajaban en las camionetas de la UNP.
La denuncia fue interpuesta por un ciudadano identificado como Santiago Suárez Morales, quien argumentó que la decisión de la fiscal Camargo constituye una violación a la Constitución y al Código de Procedimiento Penal. Además, señaló que esta acción podría contravenir el acuerdo de paz con las Farc al afectar a las víctimas y el principio de legalidad penal.
“La decisión desconoce la aplicación de la ley penal de manera clara y precisa, lo que el principio de legalidad garantiza es que toda persona tenga certeza sobre qué conductas son punibles y bajo qué condiciones se protegen los derechos individuales”, explicó Suárez sobre la decisión que radicó en la Comisión de Acusación.
El incidente ocurrió tras un control del Ejército en Bello, Antioquia, donde se descubrió que siete personas a bordo de los vehículos de la UNP tenían órdenes de captura vigentes. Sin embargo, según la Fiscalía, tres de estas personas fueron liberadas debido a que estaban amparadas por la suspensión de las órdenes de captura, en el contexto de las negociaciones con el grupo criminal.
Por esa razón, Suárez pidió “investigar exhaustivamente la conducta de la fiscal general (...) y tomar las medidas pertinentes conforme a la ley para garantizar el respeto a la Constitución colombiana, al Código de Procedimiento Penal y al Código Penal. Es fundamental para la estabilidad institucional y el Estado de derecho en Colombia que se aclaren las circunstancias de esta solicitud y se asegure que las autoridades judiciales actúen con estricto apego a la legalidad y los principios constitucionales”.