Mientras en la Uspec aplazaron la audiencia de adjudicación para la multimillonaria licitación para la alimentación en las cárceles, en la Fiscalía avanzan en las indagaciones preliminares de cara a establecer y corroborar las denuncias que existen frente al mismo proceso de licitación.
El ente acusador recibió las denuncias que presentó la Fundación Cárceles al Desnudo, donde se canalizaron las advertencias de varios contratistas que pretendían participar en la licitación, pero que observaron cómo los pliegos y las condiciones se fueron modificando, sin previo aviso y en acomodo de algunos proponentes.
“Hemos recibido la denuncia de un contratista de alimentos que advierte presuntas presiones indebidas ejercidas por la Unidad de Servicios Penitenciarios para la adjudicación casi a dedo de los contratos que están en juego en la licitación pública para la distribución de los grupos y los respectivos contratos”, señala la Fundación Cárceles al Desnudo en un derecho de petición.
A esta situación, se suman las denuncias de la ONG, Anticorrupción, Coraci publicadas por este medio, en las cuales se argumentan diversas irregularidades en la millonaria licitación de alimentación de cárceles en Colombia
Ahora, y de acuerdo con la información que conoció SEMANA, la Fiscalía le pisó el acelerador para escuchar en diligencias de declaración a los denunciantes, para que con pruebas en mano adviertan las dudas que afectan el proceso de transparencia en la millonaria licitación.
“La calidad de la comida es terrible, de muy mala calidad, envían comida podrida en descomposición y con malas calidades de cocción, el contratista de alimentación no tiene todas las herramientas para la preparación de alimentos y los cocineros exponen su integridad para poder hacer algo de comida cuando hay, siempre tenemos problemas de desabastecimiento”, señalan las denuncias.
El ente acusador, luego de analizar el material de prueba, escuchar a los denunciantes en declaración, podrá tomar las determinaciones del caso, que podrían incluir llamados a diligencias de interrogatorio y una eventual imputación de cargos por delitos relacionados con corrupción en la administración pública.
“El robo de materia prima es impresionante y ellos dicen que como está en una cárcel, los internos se roban la comida y es un problema de abastecimiento, pero cuando se les pregunta de cuánto es la pérdida, no tienen ni idea, ni existen informes de policía judicial, pero es que se pierde el producto en la cadena de producción”, advierten los documentos que llegaron a SEMANA.
La Procuraduría también fue advertida de la situación y de lo complicado que se convirtió establecer las garantías de transparencia en este proceso, de ahí que también abrieron una investigación, mientras los denunciantes pidieron al Ministerio de Justicia suspender la licitación para dar claridad del contrato.
“A menos de diez días de que venza el plazo para adjudicar el contrato del nuevo operador que suministrará los alimentos para la población carcelaria del país, la Procuraduría lanza duras advertencias a la Uspec sobre inconvenientes hallados en el proceso licitatorio”, señaló la Procuraduría.