SEMANA conoció el documento de más de 30 páginas, en donde la Fiscalía General de la Nación archivó el conocido caso del cartel de las EPS, que se abrió en el 2014, contra varias empresas promotoras de salud agremiadas en ACEMI.
Los hechos se remontan al 4 de mayo de 2011, cuando Carlos Márquez, Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio, allegó investigación administrativa 09-21413 por violaciones al régimen de competencia.
En el expediente de la Fiscalía, se señala que luego “el Superintendente de Industria y Comercio por medio magnético adjunta resolución No. 46111 de 2011, proferida la citada entidad el 30 de agosto de 2011, en la que se impuso sanción a la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI) y quince EPS, por violación al régimen de competencia”.
En lo expuesto por las entidades gubernamentales se señalaba que presuntamente “las EPS agremiadas con ACEMI al parecer realizaron un acuerdo anticompetitivo con el fin de determinar las condiciones de la prestación y alcance de la cobertura del plan obligatorio de salud”.
La acusación contra las EPS involucradas era grave, pues se mencionaba que presuntamente “las EPS agremiadas en ACEMI realizaron un acuerdo anticompetitivo para intentar ocultar o falsear la información remitida a los entes reguladores, afectando la debida transparencia en el mercado de aseguramiento en salud”.
Con la denuncia en los escritorios judiciales, la Fiscalía debía establecer si existió un acuerdo entre 15 EPS y ACEMI intervenir de manera irregular en el mercado de la salud en los Planes Obligatorios de Salud, Pos.
Por tal motivo se abrió investigación contra Colmédica, Coomeva, Famisanar, Salud Total, Susalud, Saludcoop, Cruz Blanca, Cafesalud, Sanitas, Compensar, entre otras.
Con base en la información recibida por la SuperComercio, - según el documento de archivo del ente acusador- “la Fiscalía ordenó abrir investigación en contra de ACEMI y sus EPS afiliadas por incurrir en prácticas restrictivas de la competencia, razón por la cual se realizó acto de apertura de investigación administrativa en la Superintendencia de Industria y Comercio, por cuanto a ACEMI en las reuniones con sus afiliadas impartía directrices respecto de la forma en que debían reportar la información relacionada con la prestación de los servicios de aseguramiento a los diferentes entes reguladores del sistema general de seguridad social en la salud”.
Tras casi 10 años de proceso judicial, la Fiscalía confirmó a las partes implicadas la decisión de archivo. El argumento del ente acusador para no seguir adelante con la investigación fue que: “de acuerdo con la constatación fáctica y jurídica realizada se establece que no existen presupuestos elementales para continuar con la indagación, lo que permite concluir que los posibles delitos o irregularidades endilgadas no cumplen los elementos del tipo penal”.
Sin embargo, el ente acusador dejó la puerta abierta a reabrir el caso en el momento que surjan nuevos elementos probatorios. “Como lo establece el inciso segundo de este mismo artículo, en caso de que surjan nuevos elementos materiales probatorios que desvirtúen lo expuesto, se reanudará la indagación siempre y cuando no se haya extinguido la acción penal”, indicó la Fiscalía.