El fiscal general, Francisco Barbosa, anunció que se suspendieron todas las órdenes de captura en contra del autodenominado Estado Mayor Central de las Farc. Esto, atendiendo la petición presentada por el presidente Gustavo Petro que, mediante la Resolución 038 del 8 de marzo de 2023, les otorgó el estatus político.
La decisión cobija a Luis Carlos Pinilla Cortez, Renzo Alirio Martínez, Robinson de Jesús González, Ramiro Pinzón Novoa y Walter Freddy Ruiz Montaño, quienes integrarán el Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación.
La suspensión de las órdenes de captura estará vigente hasta el 30 de junio de 2023.
El fiscal general sostuvo que esta acción demuestra el pleno respaldo al proyecto de ‘paz total’ que ha emprendido el Gobierno nacional, sin embargo, reiteró sus cuestionamientos al hecho que se quiera disfrazar un sometimiento a la justicia como un proceso de paz.
“Rechazamos igualmente la idea de que se establezcan procesos de paz y no de sometimiento a la justicia con narcotraficantes en el territorio colombiano, somos amigos de la paz, pero no lo somos en narcotráfico”, resaltó el jefe del ente investigador.
En este sentido, recordó que recientemente se ordenó la suspensión de las órdenes de captura contra los jefes del ELN y de las disidencias de las disidencias de las Farc: “Los esfuerzos de paz de este Gobierno, creemos en la idea de que se logre la reconciliación de los colombianos”.
Las disidencias de John Mechas
El pasado 13 de marzo, el fiscal general, Francisco Barbosa, anunció que se suspendieron las órdenes de captura en contra de 19 disidentes de la guerrilla de las Farc, varios de ellos firmantes del Acuerdo de Paz que se llevó a cabo a finales de 2016 en La Habana (Cuba) quienes volvieron a tomar las armas en la Segunda Marquetalia comandada por Iván Márquez.
Tal como quedó plasmado en la solicitud del Gobierno, entre los hombres a los que no se les levantó la orden de captura está Javier Alonso Velosa García, más conocido como John Mechas, señalado de haber ordenado un atentado en contra del helicóptero en el que se movilizaba el entonces presidente Iván Duque, y el ministro de Defensa Diego Molano, el 26 de junio de 2021, en una visita que adelantó el jefe de Estado para revisar la situación de orden público en la región tras un atentado terrorista en las instalaciones de la Brigada 30 del Ejército Nacional.
Mechas, comandante del grupo de las disidencias conocido como GAO-33 y subordinado de alias Iván Mordisco, lleva varios años delinquiendo y traficando droga en la región del Norte de Santander. Según información de inteligencia, ha estado detrás de ataques contra la fuerza pública. En Venezuela ha creado alianzas criminales con narcotraficantes. En ese país también se resguarda de los agresivos y constantes operativos de la fuerza pública. En la actualidad registra circular azul de la Interpol por los delitos de concierto para delinquir agravado, terrorismo, tentativa de homicidio, fabricación, tráfico y porte de armas, y daño en bien ajeno.
Para la decisión se tuvo en cuenta la documentación enviada el pasado 8 de marzo por el presidente Gustavo Petro, quien le otorgó el carácter político a estos disidentes del Estado Mayor Central de las Farc. “Ninguna de esas personas solicitadas en la Resolución 039 en la que ya estaba excluida el señor John Mechas tienen órdenes de captura con fines de extradición”.
En la nueva lista enviada por el presidente Petro se les dio carácter político “a los disidentes que no firmaron el Acuerdo de Paz y otros que firmaron el Acuerdo en La Habana y no lo cumplieron. En este sentido, es una decisión política del presidente de avanzar en estos diálogos y, por supuesto, como fiscal general, no me queda más que acompañarlo con fundamento en las normas constitucionales y legales de ese tipo de decisiones”.
Los disidentes cobijados con la medida son Édgar de Jesús Orrego Arango, Farby Edisson Parra Parra, Robinson de Jesús González, Willinton Henao Gutiérrez, Carlos Eduardo García Téllez, Omar Pardo Galeano, Ciro Alfonso Romero Ospina, Iván Jacob Idribo Arredondo, Diverney Valencia, Deison Rodrigo Ortiz Camallo, Wilmer Pasu RIvera, Luis Carlos Pinilla Cortés, Anderson Andrei Vargas, Óscar Eduardo Sandoval Noscué, Luis Hernán Ochoa, Jaime Muñoz Dorado, Leidy Tatiana Rojas y Eliécer Palomeque Córdoba.
Sin embargo, los procesos penales y de extinción de dominio en contra de estas 19 personas siguen vigentes. “La Fiscalía y el fiscal general apoya la idea de la ‘paz total’, pero bien hecha, y no acompaña la circunstancias que van en contravía del ordenamiento jurídico”, precisó el jefe del ente investigador en rueda de prensa.
Barbosa indicó en esa oportunidad que no existe ningún tipo de fundamento jurídico o constitucional para suspender las órdenes de captura en contra de miembros del Clan del Golfo, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o grupos narcotraficantes. El fiscal general sostiene que en estos casos la única figura que entra es el de sometimiento a la justicia.