Desde Cartagena, donde se llevó a cabo la Cumbre de Fiscales y Procuradores Generales, el fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, se refirió al caso del empresario Alex Saab, recientemente extraditado desde Cabo Verde a Estados Unidos y propiamente habló de los procesos que se adelantarán en Colombia contra el barranquillero y que serían de extinción de dominio y uno penal.
“Hemos presentado dos demandas por temas de extinción de dominio contra Alex Saab, que ya están muy claras y establecidas por parte de la fiscalía y el juez que ha llamado a juicio el 25 de octubre”, indicó el jefe del ente acusador y añadió: “Tenemos acciones concretas tanto en el tema de extinción de bienes y en el tema penal”.
En ese sentido agregó: “Di la orden de priorización de este caso una vez yo llego a la Fiscalía General de la Nación”.
Como se sabe, Saab tendrá que plantar cara ante la justicia de Estados Unidos como presunto responsable de lavar activos. Pero esta no es la única deuda con la justicia que tiene el empresario barranquillero. En Colombia también tiene cuentas pendientes por el mismo delito e incluso ya le fueron incautadas con fines de extinción de dominio millonarias propiedades, como una mansión avaluada en 28.000 millones.
Para esto, el fiscal Barbosa aseguró que entabló un mecanismo de cooperación judicial con Estados Unidos para evidenciar si hay personas relacionadas con los procesos contra el empresario: “Nosotros tenemos mecanismos de cooperación judicial con Estados Unidos para establecer si existen personas que hayan desconocido la ley colombiana o sean parte de una red criminal que haya delinquido en el país, la Fiscalía investigará cada uno de esos hechos”, explicó el funcionario desde Cartagena.
Sobre la cita del juicio, esta será ante un juez especializado de Barranquilla. En este proceso las autoridades adelantan investigaciones para determinar cómo operaba en el país el poder, los millonarios negocios y el complejo esquema de lavado de activos de Saab, sobre el cual terminó mostrando una red global que lo tiene en este momento detenido en Estados Unidos.
La Fiscalía, a través de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, había formalizado el 4 de septiembre del año pasado la acusación en contra de Saab y Devis José Mendoza Lapeira, contador de una de sus empresas. Así se inició la fase de descubrimiento de material probatorio. Sin embargo, los abogados del empresario habían pedido tiempo para conocer la acusación, pero llegó el momento de destapar las cargas.
Así, casi simultáneamente como empieza el proceso contra Saab en Estados Unidos, su juicio por lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares, concierto para delinquir, estafa agravada y exportación o importación ficticia también toma su rumbo.
Según conoció SEMANA, en el proceso que se adelanta en Colombia contra Saab, la Fiscalía lo investiga y ya tiene pruebas de cómo el cuestionado empresario, en calidad de representante legal, miembro de junta directiva y accionista de Shatex S. A., la habría utilizado para evadir responsabilidades tributarias y aduaneras, y dar apariencia de legalidad a un esquema irregular de exportaciones e importaciones.
Más investigaciones
En las últimas horas, el Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó que hay cargos en una Corte de Florida contra Álvaro Pulido, socio de Álex Saab, el exgobernador del Táchira José Gregorio Vielma y al menos tres personas más. Lo que revela el documento es que se tiene bajo investigación un posible blanqueo relacionado con contratos para proveer alimentos y medicinas a los venezolanos que, asegura una comunicación, habrían sido obtenidos mediante sobornos.
Según informa el Departamento de Justicia, la Corte investiga a Álvaro Pulido Vargas, conocido como Enrique Rubio Salas o Cuchi, de 57 años, y de nacionalidad colombiana. Así mismo a José Gregorio Vielma-Mora, de 55, venezolan; a Emmanuel Rubio de 32 años, colombiano; a Carlos Rolando Lizcano, de 50 años, y colombiano. Y por último Guillermo Luis de 49 años, de nacionalidad venezolana.
La fórmula empleada por Saab y su socio Álvaro Pulido, según la investigación, habría sido la creación de empresas en las cuales incluyen a familiares o un miembro de su círculo más cercano para mantener la vigilancia, el gobierno corporativo y el control de las firmas fachada.