Tras el allanamiento de este lunes del despacho y la residencia del gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, y de las oficinas de las firmas ICM Ingenieros e Incoasfaltos, en el marco del caso del ‘carrusel’ de contratos de Bogotá, queda un sitio más para buscar pruebas: Estados Unidos. Es por ello que una comisión de fiscales delegados se entrevistará el miércoles en Miami con el empresario de origen cubano Manuel Dorta-Duque que, según narra el columnista de SEMANA Daniel Coronell, fue presunto socio del mandatario seccional en la compra de una propiedad de 7,5 millones de dólares en Homestead (Florida) junto a una concurrida autopista, algo que reveló Caracol Noticias. Según la documentación divulgada por Coronell, Cruz y Luis Guillermo Sanabria se presentaron como representantes de ICM para realizar el negocio. Dicha empresa está en el ‘ojo del huracán’ junto a Incoasfaltos pues el abogado Manuel Sánchez y los excontratistas Emilio Tapia y Julio Gómez, testigos clave del ‘carrusel’, declararon que obtuvo irregularmente contratos de la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV) tras el supuesto pago de coimas a funcionarios y concejales por 500 millones de pesos. Cruz ha negado reiteradamente ser socio de ambas empresas involucradas y manifestó que solo ha sido contratado eventualmente como su asesor. Llegó a declarar al columnista Coronell y al diario bogotano El Tiempo -respectivamente- que no sabe inglés y que si aparece algún registro de propiedades a su nombre en el exterior se trataría de un homónimo. No obstante, este portal conoció que uno de los detalles que más causó curiosidad entre los investigadores fue que la oficina más grande de ICM Ingenieros, ubicada en el exclusivo sector del Parque de la 93 -al norte de Bogotá-, es la de Cruz y corresponde a la mitad de las instalaciones. Por su parte, el cubano Dorta-Duque ha manifestado públicamente que mantiene documentación personal y comercial de ICM, firmada por Cruz. Además, sostiene que hay correos electrónicos clave que probarían que el gobernador era el representante de la sociedad. ¿Qué buscaba la Fiscalía? Tras las reiteradas denuncias y la columna del pasado domingo de Coronell el ente acusador tiene puestos los ojos en el gobernador Cruz, e inspeccionó los sitios donde consideró que podía recolectar pruebas suficientes para concretar una eventual imputación de cargos. Fueron decenas los funcionarios de informática y operativos del CTI que estuvieron a cargo de las diligencias que terminaron hacia las 5:00 p. m. de este lunes en el despacho del gobernador y en su vivienda en el norte de Bogotá, y que fueron ordenadas por un fiscal ante la Corte Suprema de Justicia, la semana pasada. En la Gobernación se puso especial cuidado en confrontar la información del libro de registro (entrada y salida de personas) en donde pudieran establecer si existen visitas de individuos que tengan nexos con las empresas involucradas y que Cruz dice desconocer. En las instalaciones de ICM e Incoasfaltos los investigadores buscaron facturas, pagos, cheques, contratos, todo lo que sirviera para probar la existencia del delito de Interés indebido en la celebración de contratos. El mandatario ha sido mencionado por varios testigos en el caso del ‘carrusel’. Los testigos Gómez Tapia y Sánchez han dicho en su proceso de colaboración con la Justicia que ICM pagó un presunto soborno a algunos concejales (Hipólito Moreno, Andrés Casado y Orlando Parada) y a funcionarios del Distrito. Supuestamente habrían buscado que les otorgaran millonarios contratos para proporcionar asfalto en contratos de la UMV, para la reparación de las calles capitalinas, que por decir lo menos, están maltrechas en su mayoría.