La Fiscalía General de la Nación se permitió aclarar en las últimas horas que su Dirección de Protección y Asistencia no tiene en sus instalaciones un almacén de evidencias, y tampoco de elementos incautados o abandonados.
“El programa de Protección de la Fiscalía General de la Nación acompañó el traslado de lugar de residencia del Fiscal General de la Nación y su núcleo familiar, en su calidad de protegidos, y temporalmente por seguridad tuvo a buen recaudo en sus instalaciones algunos de sus elementos personales incluidas unas maletas y portavestidos, los cuales fueron entregados debidamente a sus propietarios quedando constancia en los respectivos informes y actas correspondientes”, aseguró la Fiscalía.
Asimismo, el organismo indicó: “Cualquier interpretación subjetiva de actuaciones oficiales realizadas en el marco de protocolos de seguridad, puede causar la afectación a la institucionalidad, desinformación a la ciudadanía y vulneración de los derechos fundamentales del Fiscal General de la Nación, su esposa y su núcleo familiar que incluye un menor de edad”, sostuvo.
Esta declaración surgió tras una versión periodística que decía que en plena pandemia, Walfa Téllez, esposa del fiscal Francisco Barbosa, había ingresado al piso 5 del edificio World Bussiness Center (donde funcionan la Subdirección Nacional de Bienes, que almacena y custodia elementos incautados o abandonados, y la Dirección de Protección y Asistencia, que se encarga de escoltar a funcionarios en riesgo) para sacar del lugar en la noche tres maletas, dos portavestidos y dos máscaras venecianas.
La versión calificó de extraña esta acción, puesto que la señora Téllez no es una funcionaria pública y no tendría por qué acceder a dichas instalaciones, que además se encuentran confinadas con sellos de seguridad. Asimismo, indicaron que si se trataba de elementos personales, no tendrían por qué estar en una instalación oficial.
Según indicó la publicación, esta situación habría quedado registrada “en un informe radicado dos días después por Jonathan Prieto Fonseca, en ese momento auxiliar de la Dirección de Protección y Asistencia de la Fiscalía General de la Nación”.
Al parecer, se habrían tomado fotos de los elementos (tres maletas, dos portavestidos, una escalera y dos máscaras venecianas) que supuestamente se llevó la esposa del fiscal; además, estarían marcados con el logo de la Fiscalía General de la Nación.
La versión periodística también aseguró que, casualmente, el funcionario Jonathan Prieto Fonseca fue ascendido unos meses después de este supuesto hecho, por el fiscal general Francisco Barbosa. Fue promovido del cargo de auxiliar de agente de protección y seguridad.
Barbosa plantea que debe haber “límites” en negociaciones de la paz total
En su intervención durante el XVIII Encuentro Anual del Frente de Seguridad Empresarial, el fiscal Francisco Barbosa se refirió a varios puntos de la política de seguridad y paz total del presidente Gustavo Petro. El líder del ente acusador aseguró que las negociaciones con la guerrilla del ELN deben tener en cuenta los “límites” preexistentes.
“Los mínimos de la negociación del ELN ya se establecieron en el Acuerdo de Paz de La Habana. Más allá de eso no se puede ir, ese es un límite. Un límite porque está atado al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, al Derecho Internacional Humanitario y al Derecho Penal Internacional, como se lo expliqué al fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan. Más allá de eso no se puede”, dijo el fiscal.
Incluso, el fiscal le recomendó a quienes “piensen” en esa negociación que lean el Acuerdo de Paz con las Farc: “Más allá de esto, implicaría una responsabilidad penal internacional y una responsabilidad del Estado”.
Sobre el sometimiento, Barbosa aseguró que existe una “gran similitud” entre el gobierno de Gustavo Petro y los dos períodos del expresidente Álvaro Uribe Vélez.
“Los dos decidieron negociar con narcotraficantes y con paramilitares. Me parece que es una alternativa que puede plantear el presidente de la República. Eso terminó en la Ley 975, en la época de Justicia y Paz, y seguramente terminará con una norma en el marco del debate en el Congreso de la República”, explicó el fiscal.
Para este aparte de la paz total, Barbosa aseguró que existen otros “límites” establecidos por la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia en 2006, defendidos incluso por Gustavo Petro como representante a la Cámara.
“Tiene que ver con la verdad, con la impunidad, con todo lo relativo a las víctimas y los bienes, que yo añadiría a esa dupla en la medida que los bienes no pueden favorecer a esas estructuras criminales, sino que tienen que favorecer a las víctimas”, agregó.
Con esto, el fiscal concluyó que la iniciativa del Gobierno debe estar acompañada de estos límites legales: “Paz, es necesario trabajarla, la Fiscalía está comprometida, pero siempre bajo unos lineamientos legales, constitucionales e internacionales que hemos tenido en Colombia”.