Este jueves la fiscalía General de la Nación entregó a la JEP dos importantes informes que permitirán aclarar muchos de los actos que se cometieron durante el conflicto armado. Esta sería la quinta entrega de informes que hace esa institución a la Jurisdicción Especial para la Paz. En total se han entregado 11 documentos para que la JEP los use con el fin de avanzar en sus diferentes procesos. En el primer informe se detalla las fuentes y mecanismos que utilizaron las Farc para financiarse y el segundo relata la victimización a líderes sociales y defensores de derechos humanos por parte de agentes del Estado. Desde mediados de los setenta esa guerrilla planeó una reestructuración que se consolidó en la VII Conferencia Nacional Guerrillera de 1982. Allí el narcotráfico pasó a ser determinante para esa organización. El documento establece tres principios de financiación: La diversificación; es decir que adquirían su riqueza por orígenes plurales como el tráfico de cocaína, la extorsión; la regionalización, dado que no todos los frentes podían nutrirse de todas las fuentes por igual pues se enfocaban en una fuente; y la centralización, que vigilaba la administración de recursos que cada frente tenía. Le sugerimos: La JEP en su laberinto El informe resalta que el secuestro extorsivo fue una de las prácticas más usadas por la guerrilla en la década de los noventa, además fue una acción criminal altamente regionalizada, pues esta se centró en algunas zonas del país debido la capacidad de pago de los sectores económicos locales. En cuanto al narcotráfico, la relación de las Farc con la cocaína empezó con el impuesto al gramaje, un cobro por cada kilo de coca a los cultivadores. Pero luego la guerrilla se vinculó directamente al control de distintas etapas del proceso de producción de la droga. Su evolución llegó hasta tener control sobre laboratorios y cocinas. Además el informe hace un registro de los diferentes bienes tales como 548 predios urbanos, 5.228 bienes rurales, 284 establecimientos comerciales, 792.808 semovientes y 1.166 automotores. Le recomendamos: “Es mezquino negarles a las víctimas una voz en el Congreso”: De la Calle La victimización de líderes En el segundo informe la Fiscalía analiza la participación de diferentes agentes del Estado en la victimización de defensores de derechos humanos. Aunque la mayoría de las investigaciones se registraron por hechos ocurridos entre 2000 y 2008 los años 1987, 1997 y 2013 también hubo un aumento significativo de casos. En este informe se detalla que 1602 personas fueron individualizadas como presuntos responsables, de ellas 484 corresponden a agentes directos del Estado. 452 integrantes de grupos armados organizados al margen de la ley (Gaoml) y 124 personas sin vinculación comprobada a un grupo armado. Así mismo, de los casos que conoció directamente la Fiscalía, la mayoría se presentaron en Antioquia y Bogotá. De las 139 investigaciones que cursan bajo la Ley 600, 32 investigaciones (23%) no han contado con un impulso procesal efectivo que permita su avance y de las  45 investigaciones que cursan bajo la Ley 906, 35 investigaciones (77%) no han tenido un avance procesal importante.