La Fiscalía reveló este sábado que a través de la Dirección de Justicia Transicional entregó al Fondo para la Reparación a las Víctimas los predios Puente Tierra y Guadalupe, avaluados en cerca de $30.000 millones, ubicados en Calima El Darién, noroccidente del Valle del Cauca.

Los bienes, según las investigaciones adelantadas por fiscales del Grupo de Persecución de Bienes de la Dirección de Justicia Transicional, pertenecieron a testaferros de Wilber Varela, alias ‘Jabón’, y posteriormente pasaron a manos de comandantes paramilitares del Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Estas propiedades forman parte de las 104 avaluadas en más de $83.600 millones, que la Fiscalía General de la Nación se comprometió a entregar entre los meses de agosto y octubre de este año, luego de las medidas cautelares decretadas por magistrados de Justicia y Paz.

Dentro de los bienes a entregar en los próximos meses por parte del ente acusador, por estar vinculados con miembros de grupos armados al margen de la ley, desmovilizados en el marco de la Ley 975 de 2005, se encuentran: una hacienda ubicada en Unguía (Chocó), avaluada en $5.300 millones, un conjunto de tierras situado en Rionegro (Antioquia), cuyo valor supera los $9.500 millones, y un inmueble ubicado Bogotá con un avalúo de más de $3.700 millones.

Bienes de las AUC | Foto: Fiscalía General de la Nación

En los últimos 18 meses, la Fiscalía General de la Nación ha hecho la entrega al Fondo para la reparación a las víctimas de 266 bienes avaluados en más de $228.847 millones.

Por su parte, a comienzo de año en un informe de la propia entidad, se advirtió que se incrementaron los operativos para la ocupación con fines de extinción de dominio de las principales organizaciones criminales en el país, tras establecer como estrategia golpear el bolsillo de los máximos responsables de grupos criminales como el Clan del Golfo.

Hay que recordar que el director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, en las comisiones constitucionales del Congreso y durante la evaluación del proyecto de presupuesto para el 2022 dijo que hasta la fecha se han indemnizado 1,2 millones de víctimas y que durante el actual Gobierno las personas compensadas llegan a 310.000.

Francisco Barbosa, fiscal general de la Nación. Bogotá, julio 20 de 2021. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista SEMANA. | Foto: Juan Carlos Sierra

También dijo que en los próximos años se deberán buscar alternativas para consolidar mayores partidas para cubrir todas las obligaciones como el tema psicosocial, al que ya se le invirtieron $56.000 millones y para 2022 se tienen proyectados otros $21.000 millones.

Memoria histórica

La nueva cifra de desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que se han comprometido a contribuir con la verdad histórica, sobre su participación en el conflicto armado, ha mostrado resultados positivos. Cada vez la Dirección de Acuerdos de la Verdad (DAV), del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), avanza con la identificación de nuevas estructuras paramilitares.

En su último balance, con corte a 31 de enero de 2021, dice que fueron 14.042 los testimonios de desmovilizados acopiados que contribuyen a la verdad histórica, personas que serán certificadas y obtendrán los beneficios que les otorga la Ley 1424 de 2010.

En ese sentido, el esclarecimiento adelantado por la DAV permitió identificar 39 estructuras paramilitares y la caracterización sociodemográfica de sus habitantes. Además, el informe detalla que el 58,04 % de los integrantes de las AUC ingresaron al grupo armado por motivaciones económicas y el 74,67 % argumentó que los recursos monetarios no les alcanzaban para sobrevivir; asimismo, se determinó que el 55,8 % había cursado algún nivel de educación primaria, y el 32,12 % algún nivel del bachillerato.

La misión de la DAV es recolectar información de desmovilizados que le permitan elaborar informes analíticos que contribuyan a esclarecer el origen y la actuación de las agrupaciones paramilitares en las diferentes regiones del país.