Lo que se conoce de una nueva red criminal que chuzó a particulares y funcionarios, al parecer promovida por el general (r) Humberto Guatibonza, es apenas la punta del iceberg de lo que falta por destapar. Manejaban información que iba desde infidelidades hasta asuntos de seguridad nacional y el grueso de esta "violación a la intimidad" apenas se está comenzando a descubrir. Con este argumento, el fiscal Daniel Hernández le pidió al un juez 9 de Control de Garantías de Bogotá que envíe a la cárcel a uno de los generales más destacados del país, al lado de su asesor, Carlos Eduardo Arenas, y Julián Villarraga. Ellos al parecer promovieron las actividades ilegales que tenían fines lucrativos. "El general Guatibonza es de los oficiales más galardonados del país. Pero tal vez desvió su camino, tal vez consideró que realizar estas actividades tenía un buen fin, un interés lícito, pero se violentó el segundo derecho que tiene un ciudadano, el derecho a la intimidad. Es algo degradante y aberrante pensar que la intimidad de los colombianos estaba en riesgo por esta empresa criminal", aseguró la Fiscalía.La investigación está soportada en interceptaciones telefónicas y la declaración de un oficial retirado -el coronel Jorge Salinas- quien entregó además 175 carpetas que representan diferentes casos. Hay evidencia digital para poder documentar gran parte de estas carpetas sobre la cual la Fiscalía reconoce que no se ha podido tener acceso. "Lo que estamos presentando es una copia espejo de lo hecho hasta ahora porque la extracción completa nos lleva meses, hay información que ha sido eliminada y borrada de los equipos", subrayó. Para insistir en el riesgo latente de obstrucción a la justicia, la Fiscalía reveló los tropiezos que ha tenido la negociación de la anunciada testigo estrella del caso. La exfuncionaria del Ministerio de las TIC María Alicia Pinzón -conocida como la hacker- ha rendido interrogatorios ante el ente investigador que ya completan 115 páginas. Sin embargo, estos tuvieron que ser suspendidos ya que se niega a revelar cuál era el nombre de la persona que la ayudaba a adelantar de manera técnicas las actividades ilegales. "Ella no actuaba sola; hay otro hacker que no ha podido ser identificado y ubicado", dijo Hernández.Para la Fiscalía aún hay mucha información que está en manos de terceros y que puede estar en riesgo porque se podría eliminar o modificar, "es evidencia de fácil destrucción", precisó. La audiencia fue suspendida luego de que la Fiscalía pidiera cárcel para los implicados.