La Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre cuatro predios y dos vehículos de la sociedad Las Colinas de Guasca, de la que hizo parte y fue representante legal el exembajador de Colombia en Uruguay, Fernando Sanclemente.
Los terrenos conforman la finca Haras de San Fernando, ubicada en Guasca (Cundinamarca), en la que, el pasado 12 de febrero del año en curso, la Fiscalía y unidades de la Policía Nacional localizaron un laboratorio para la producción de cocaína. En el lugar se encontraron cerca de siete toneladas de insumos químicos y 9.453 gramos de cocaína y pasta base de coca.
De acuerdo con la Fiscalía, los bienes afectados, es decir los cuatro predios con sus inmuebles y los dos vehículos, están avaluados en 150.000 millones de pesos. "Las medidas con fines de extinción de dominio fueron inscritas en la Oficina de Instrumentos Públicos y la diligencia de ocupación se cumplirá cuando culmine el aislamiento preventivo obligatorio decretado por la emergencia ocasionada por la covid-19", indicó la Fiscalía. El pasado 6 de abril, Fernando Sanclemente presentó su renuncia como embajador de Colombia en Uruguay, luego de que la Fiscalía General lo vinculara al proceso por el hallazgo de un laboratorio de cocaína en los terrenos conforman la finca Haras de San Fernando, ubicada en Guasca (Cundinamarca).
"Es mi deber, en aras de proteger y garantizar el buen nombre suyo y de su Gobierno, presentar a su consideración mi carta de renuncia a partir de la fecha", dijo en ese momento Sanclemente. Un día después, el presidente Iván Duque aceptó oficialmente la dejación del cargo a Sanclemente, a quien le reconoció su trayectoria en varios cargos públicos y en el cuerpo diplomático. Cabe recordar que el en el predio allanado también fueron capturadas cinco personas señaladas de custodiar y trabajar en los tres laboratorios de droga. En ese entonces, un fiscal de conocimiento les formuló cargos a los implicados por tráfico de estupefacientes agravado y tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos. Posteriormente, un juez de control de garantías les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario. En un trabajo conjunto de las autoridades de Colombia y Estados Unidos se determinó la existencia de una organización que adquiría cocaína que era transportada a una finca ubicada en Guasca (Cundinamarca), donde funcionaba un laboratorio clandestino que realizaba el procesamiento del estupefaciente.