Ahora como exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández continuará respondiéndo por el proceso penal en su contra. La Fiscalía lo citó el próximo 7 de febrero a una audiencia de imputación de cargos por el delito de interés indebido en la celebración de contratos. La diligencia se realizará en el Centro de Servicios Judiciales de Bucaramanga. Las presuntas irregularidades se habrían cometido en el contrato de consultoría 096 de 2016 suscrito entre la Empresa de Aseo de Bucaramanga (Emab) y el contratista Jorge Hernán Alarcón. Dicho contrato tuvo un valor de 336 millones de pesos. El contrato tenía como objeto realizar la elaboración y evaluación técnico ambiental, financiera y jurídica en el sitio de disposición final de residuos sólidos El Carrasco, que opera la Emab y que le presta servicios a varios municipios del departamento de Santander, para así es escoger una solución definitiva mediante la implementación de nuevas tecnologías y evitar una emergencia sanitaria.
Por este mismo caso la Fiscalía realizó la imputación de cargos por los delitos de falsedad en documento privado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos a José Manuel Barrera Arias, exgerente de la Emab; Rubén Enrique Amaya Vanegas, jefe de disposición final de la Emab; y el contratista consultor Jorge Hernán Alarcón Ayala. Ninguno aceptó cargos. La Procuraduría también está investigando al exalcalde. Le formuló pliego de cargos por presuntas irregularidades en el proceso de selección para el tratamiento, transformación y disposición final de las basuras en los municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga. Según el órgano de control, Hernández habría incurrido en el delito de presunto interés indebido en los procesos de selección "al parecer, en provecho de su hijo Luis Carlos Hernández Oliveros, quien obtendría un beneficio económico si el contrato se celebraba con los representantes de la tecnología WastAway en Colombia". A esto se suma que Hernández presuntamente presionó al director jurídico de la Emab, César Augusto Fontecha Rincón, para que aprobara la fianza entregada por la Unión Temporal Vitalogic RSU. El abogado del exalcalde en el caso de la Procuraduría, Julio César Ortiz, le aseguró a SEMANA que están apelando y que dependiendo del resultado consideran recurrir a las "autoridades jurisdiccionales para demandar ante el Tribunal Administrativo o ante el Consejo de Estado", incluso podrían llegar hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque consideran que el exalcalde ha sido perseguido políticamente.