La Fiscalía en Bogotá comienza a dar pasos agigantados en uno de los procesos que corren en la entidad contra el gobernador de Chocó, Efrén Palacios Serna. Este hombre, que llegó al cargo en diciembre del 2013 tras unas elecciones atípicas, ha tenido que enfrentar en los últimos meses acusaciones de personas vinculadas con un millonario fraude a la salud. Al mandatario se le sindica de haber dado el visto bueno para el saqueo de este rubro en cerca de 4.000 millones de pesos para pagar deudas de su campaña política. Ahora la entidad tomó una decisión trascendental. La Fiscalía décima ante la Corte Suprema solicitó una audiencia de imputación y solicitud de medida de aseguramiento el gobernador por los delitos de peculado, contrato sin el lleno de los requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público. La audiencia, que fue solicitada para el próximo jueves 3 de diciembre, se llevará a cabo ante magistrados, los jueces naturales de Palacios Con la diligencia comienza una carrera contrarreloj para el mandatario seccional que durante su administración no ha tenido un día de descanso en los múltiples señalamientos que hacen en la región por su pésimo desempeño, además de lo permisivo para dejar que verdaderas redes saqueen los recursos, especialmente en la salud. Así lo reveló Semana.com el pasado domingo 22 de noviembre del 2015 cuando en el artículo 'Involucran al gobernador en millonario fraude a la salud', donde mostró cómo dos profesionales que participaron en una millonaria estafa al sector involucraron al mandatario. Uno de ellos es Elpidio Asprilla Guerrero, un médico que se desempeñó como auditor médico de la Secretaría de Salud departamental. El 24 de marzo del 2015 este hombre le contó a la fiscal que lleva el caso la trama que se montó para sacar los dineros del empobrecido rubro de la salud. “Recibí la visita de Eustaquio Olave (asesor de la Secretaría de Salud) para comentarme que existían unos recursos de la Secretaría que habían quedado del año anterior para ejecutarlos en la prestación de servicios. Le dije que muy bueno porque había muchos servicios que no se estaban atendiendo por falta de contratación. Me manifestó que me haría llegar la red de servicios con las diferentes IPS y que el gobernador la había ordenado. Esa fue mi primera conversación con Olave”, dijo Asprilla (Lea: Chocó tiene su propio y vergonzoso ‘carrusel’ de la salud). El médico, que se encuentra procesado por la Fiscalía, añadió a su narración: “Una vez se hicieron los contratos me volvió a buscar Olave para mirar cómo se iban a ejecutar esos recursos. Le sugerí que a través de brigadas de salud y la prestación directa en Quibdó. Me manifestó que todos esos recursos no se iban a utilizar para eso porque había que sacar un porcentaje para el pago de unas deudas que tenía el gobernador con el señor Carlos Murillo”. En su declaración, Asprilla hizo un detallado y extenso relato de cómo se hicieron los contratos con IPS y droguerías de Quibdó para cumplir su cometido. Jaime Arturo Herrera, Droguería La 20, Sonríe IPS, Antonio Dueñas, Droguería Bajirá fueron algunos de los nombres y empresas que mencionó ligadas a la red. También habló de una especie de bolsa común a donde iban a parar los recursos. “Alrededor de 4.000 millones fue lo de la contratación y lo de la bolsa no lo sé. Eso lo saben Eustaquio Olave y Carlos Murillo”, dijo Asprilla. Olave, llamado el ‘capo de la salud’, se encuentra bajo arresto domiciliario. Otro de los comprometidos con el saqueo de la salud, que actualmente es procesado por la Fiscalía, prendió el ventilador a través de un escrito, de puño y letra, enviado al CTI de la Fiscalía en Bogotá. Allí cuenta detalles de la estafa de la que fue protagonista. Semana.com se abstiene de publicar su nombre para protegerlo. “El compromiso con el doctor Murillo era pagarle 500 millones más intereses, más el sostenimiento y el nombramiento a la doctora Danny Moreno en la Secretaría de Salud durante toda la administración”, dijo este testigo y mencionó a otras personas con las que había compromisos económicos, como por ejemplo Ary Piñeres y Jackson Bedoya (supuestos inversionistas de la campaña del gobernador). Según el testigo, había que nombrar a las esposas de estos dos personajes en la Dirección jurídica y en la Coordinación de la red de prestación de servicios de la Secretaría, además de pagarles millonarios recursos. El testigo contó de las reuniones con las empresas donde se les daba línea para cobrar los recursos y no prestar los servicios. A cambio se les daba un porcentaje del dinero. “En la primera reunión se concretó el cumplimiento de los porcentajes para resolver las deudas del gobernador. En la segunda, dirigida por Patricia y Elpidio, se diseñó una estrategia para cobrar. A mí se me dijo que si me desviaba me iba a meter en problemas”, dijo el testigo, quien dijo que el fraude podía superar los 12.000 millones de pesos. Así pues, la Fiscalía comienza a dar los primeros golpes contra la administración departamental en Chocó. Sin embargo, veedores cívicos y periodistas locales esperan que la Fiscalía local les llegue a otros funcionarios, prestamistas, contratistas y otros profesionales comprometidos en este escandaloso fraude que se sienten blindados por las autoridades.