La localidad de Suba fue escenario de protestas y enfrentamientos entre la fuerza pública y manifestantes durante las violentas jornadas de junio de 2021, también fue el lugar de los hechos de un homicidio. La víctima fue un manifestante que recibió un disparo directo en la cara y el responsable, según la Fiscalía, fue un patrullero del Esmad.

El uniformado disparó el lanzagranadas que normalmente se usa para disipar las protestas, pero en esta oportunidad, según la Fiscalía, lo hizo para atacar al manifestante, al punto de asesinarlo. Las pruebas recaudadas por los investigadores demostraron, al parecer, el dolo en la actuación del policía.

“De acuerdo con la evidencia técnica y los elementos de prueba recaudados, el uniformado, adscrito al Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), habría disparado un lanzagranadas contra la víctima, quien estaba distraída por la reacción de la tanqueta oficial y se encontraba distante a un grupo que confrontaba a la fuerza pública en la avenida Ciudad de Cali con calle 142″, dijo la Fiscalía.

La investigación tomó tiempo, pero incluyó análisis forenses que llevaron a la Fiscalía a solicitar una audiencia de imputación de cargos por el delito de homicidio. El uniformado fue presentado ante un juez de control de garantías y allí escuchó las pruebas en su contra. Luego de la imputación le preguntaron si aceptaba los cargos, el policía no dudó un segundo y negó los señalamientos.

“En ese sentido, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos imputó al patrullero Moreno Gordillo el delito de homicidio. El cargo no fue aceptado por el procesado”, explicó la directora especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, Deicy Jaramillo Rivera.

Las pruebas revelaron que el uniformado usó el arma con el objetivo de atacar de manera directa a la víctima, además ignoró, de modo adrede, los requisitos mínimos para el manejo de este tipo de elementos del servicio de Policía, a pesar de las instrucciones que recibió antes de salir a la calle.

“Para la Fiscalía, el funcionario, al parecer, desconoció los parámetros dispuestos en los manuales que rigen la especialidad y desatendió los protocolos de uso definidos para este tipo de artefactos, pues lo accionó de manera lineal y directa a una distancia de 27 metros, e impactó en la cabeza al particular, de 26 años”, señaló la funcionaria.

Aunque la Fiscalía presentó el material probatorio en contra del uniformado, con la evidencia forense, las declaraciones que se recaudaron y todo el trabajo de investigación que se adelantó durante casi un año, el juez de control de garantías negó la solicitud del ente acusador de imponer una medida de aseguramiento en centro carcelario, lo dejó en libertad.

“Durante las audiencias concentradas, la Fiscalía solicitó imponer medida de aseguramiento privativa de la libertad; sin embargo, el juez de control de garantías rechazó la petición y el uniformado seguirá vinculado a la investigación”, explicó la Fiscalía.

Aún con la decisión de dejarlo en libertad, el uniformado seguirá vinculado a la investigación y la Fiscalía espera que, en un eventual juicio, puedan obtener una condena en su contra por el delito de homicidio.