La Fiscalía General de la Nación tomó cartas en el polémico asunto de la construcción de viviendas en cercanías del humedal de La Conejera, en el noroccidente de Bogotá, que involucra miembros de la familia Alcocer, de la que hace parte la esposa del alcalde mayor de la ciudad, Gustavo Petro. Precisamente, este lunes el mandatario capitalino se pronunció acerca de la obra que ha sido blanco de medioambientalistas, que señalan que de adelantarse la edificación, se vería irremediablemente perjudicado un entorno que es hogar de varias especies nativas. Petro manifestó que desde 1998 no se debieron permitir licencias de construcción en esa zona y que si la obra no cumple la normativa, no se debe permitir que se haga allí un conjunto residencial. Sin embargo, de manera sorpresiva, el gobernante decidió también poner el retrovisor: "Esa hacienda donde se está construyendo era de la familia Ospina Pérez, pasó a manos de la familia Gutiérrez y Enrique Peñalosa fue quien autorizó las obras de urbanización”. Petro asegura que no entiende por qué la prensa se ha ocupado del tema cuando en la zona existen otras construcciones que no se han investigado. “Los 99 restantes, que son de reconocidas constructoras, también están sobre el humedal, gracias a la norma de Peñalosa ”, dijo. No contento con ello, manifestó: “Si me preguntan, el alcalde Enrique Peñalosa debió haber comprado la hacienda para un gran parque ambiental y no permitir urbanizaciones”. Las indagaciones en este caso ya tomaron rumbo este lunes. Con la coordinación de un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, servidores del CTI de la Fiscalía inspeccionaron el sector con el propósito de recaudar elementos materiales probatorios para determinar “la posible afectación ambiental a causa de una obra que se está desarrollando en la zona cercana al humedal”. En el terreno y durante la mañana, los investigadores hicieron reconocimiento del terreno y tomaron medidas para compararlas con lo que está expuesto en los planos y diseños de la obra. La obra podría ser suspendida si el ente acusador halla que se afectó el ecosistema. Ecologistas han reprochado la construcción del conjunto residencial al considerar que este afecta los terrenos del humedal y por ello mantienen un campamento de al menos 30 personas.