Piedad Córdoba, ahora candidata al Senado del Pacto Histórico, enfrenta acusaciones graves por sus presuntos nexos con la ‘farcpolítica’. A pesar de que los cuestionamientos no son nuevos, la historia cobra relevancia por su nueva aspiración política y los señalamientos de uno de sus asesores.
A Córdoba la cuestionan por haberse beneficiado, al parecer, políticamente de las liberaciones de secuestrados que negociaba a nombre del Estado colombiano, con la posibilidad de que retrasó la libertad de Íngrid Betancourt, ahora candidata a la Presidencia.
Además, la Corte Suprema de Justicia, bajo la magistrada Cristina Lombana, adelanta un proceso en su contra por sus nexos con la extinta guerrilla de las Farc y presunta cercanía con Álex Saab. En el marco de la indagación, SEMANA conoció que Córdoba evade declarar ante la corte en este caso.
El alto tribunal se ha quedado esperando a la excongresista, quien se excusa en su campaña para faltar a las citaciones. Sin embargo, este medio estableció que su abogada le hizo saber a la magistrada que Córdoba no estaría dispuesta a declarar ni hoy ni en el futuro.
A pesar de la evasiva, el proceso en su contra sigue y se citaron voces nuevas para conocer a fondo qué fue lo que sucedió en medio de dichas negociaciones. Betancourt ya compareció, se citó a su madre, Yolanda Pulecio, y faltan los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana.
Encima, aunque no es oficial, la justicia estadounidense podría también tener a Piedad en la mira no solo por su presunta complicidad en esos secuestros, de los que fueron víctimas tres ciudadanos de ese país, sino por su presunta relación de negocios con Álex Saab y Nicolás Maduro. También, por el caso de su hermano, Álvaro Córdoba, capturado con fines de extradición por vínculos con el narcotráfico.
Sus líos con la justicia no terminan ahí. El diario El Tiempo confirmó que la Corte Suprema de Justicia compulsó copias a la Fiscalía para que se investiguen las propiedades de Córdoba y de 12 de sus familiares. Entre los objetos de indagación, también figuran nueve firmas relacionadas con la excongresista.
Entre las personas figuran los padres de la ahora candidata al Senado: Lya Esneda Ruiz de Córdoba y Zabulón Córdoba. Después, sus hermanos Byron Oswaldo Córdoba Ruiz, Álvaro Fredy Córdoba Ruiz, Gloria Eugenia Córdoba Ruiz, Martha Lya Córdoba Ruiz, Sandra Elizabeth Córdoba Ruiz y José Fernando Córdoba Ruiz.
Finalmente, se pide hacer lo mismo a sus hijos, Juan Luis Castro Córdoba, María Castro Córdoba y Camilo Andrés Castro Córdoba.
Adicionalmente, a su expareja Luis Ángel Castro Hinestroza.
Las empresas son Aluminium de Colombia S. A. S., Impresos Decastro S. A. S., Chenoa Siglo 21 S. A. S., Editorial El Podio S. A. S., Golden Palms Investments S. A. S., corporación Somos Causa Justa, corporación International School Of Language, Comercializadora International World Traders E.U. y Gerenciar 1 S. A. S.
También se pide identificar si su hijo, exsenador de la Alianza Verde, hace parte de la empresa One Single Firm Internacional S. A., que registra en Panamá desde 2005.
La razón de esta indagación, determinó El Tiempo, radica en que el dinero vendría de negocios en Venezuela. Según el indicio, se utilizó para pagar sus campañas políticas, vuelos chárter y comprar los bienes en cuestión.
En medio de esta indagación se conoció también que la Dian deberá entregar declaraciones de renta, información exógena y saldos en bancos. Incluso, según el medio impreso, la Corte pidió conocer los clientes y proveedores de las firmas de Córdoba y su familia.
Mientras el caso de Córdoba enreda cada vez más a la candidata al Senado, su partido la defiende y cuestiona a la justicia colombiana, por una supuesta persecución incentivada por su regreso a la política en Colombia.