La Fiscalía, a lo largo de varios meses, se dio a la tarea de estructurar una investigación vital para demostrar que desde el interior del Ejército existía una red de tráfico de armas que tenía como principal destino las manos de los integrantes de dos temibles bandas criminales. Durante las pesquisas, apoyadas por contrainteligencia de las Fuerzas Militares, se halló que cuatro militares activos, cuatro retirados, un expolicía y tres particulares habían organizado un entramado que se lucraba de robar armamento de la institución para luego venderlo tanto a los ‘Urabeños’ como al ‘ERPAC’. Con la información recaudada destacó, como en otras veces, el nombre del coronel Róbinson González del Río. Se trata del mismo oficial quien, no obstante estar confinado a un régimen militar penitenciario por cuenta de señalamientos por dos ejecuciones extrajudiciales –o ‘falsos positivos’-, actuaba con total soltura, al punto de acordar con el magistrado Henry Villarraga, del Consejo Superior de la Judicatura, el paso de su infame caso de la justicia ordinaria a la penal militar, como constó en unos escandalosos audios divulgados en noviembre pasado. En este caso, en una de las casi 3.000 grabaciones que tiene en su poder SEMANA -las mismas que sirvieron como pruebas en la investigación ‘Los negocios en el Ejército’-, hay varios audios en los que el coronel Ramírez habla con algunos de sus subordinados acerca de negocios de armas largas. Dichas conversaciones se llevaron a cabo en las mismísimas instalaciones del Centro de Reclusión Militar (CRM) del XIII Batallón de Policía Militar, de Bogotá. En varias de las conversaciones se evidencia que la línea de los negocios ilegales desde la prisión tiene alcances insospechados y abarca el tema de las armas (Escuche aquí). En una de las conversaciones, el coronel habla con un subalterno de acento paisa que lo llamó a ofrecerle “12 largos (fusiles) que tengo escondidos para saber a quién le interesan”. Por el calibre del tema, el oficial, que sospecha que puede estar intervenido, le pide que le marque a otro número más tarde. En otro audio el coronel detenido habla con otro de sus contactos, a quien le pide conseguir “una pequeñita como la que se me perdió. Necesito 400 pequeñitas, de cinco en cinco o de diez en diez”. Queda claro en otras conversaciones que la "pequeñita” a la que se refiere es una pistola que se le perdió, por la cual se le abrió una investigación. Si bien González podría ser apenas la ‘punta del iceberg’, en medio de este comercio ilegal hay más personas, distintas de los miembros del Ejército, que podrían verse comprometidas. Una de ellas es el exmagistrado Villarraga, quien también aparece en episodios relacionados con la consecución de armamento, al parecer ilegales, con la complicidad de González. En conversaciones reveladas por Noticias Uno se oye aparentemente al magistrado decirle a González: “Qué hubo mijito, le recomiendo lo de las armas”. A lo que el coronel responde que al día siguiente, le tiene “las dos cajas y los formularios”. La Fiscalía tiene decenas de conversaciones y pruebas que pondrán al coronel y a esta trama en evidencia. Hablan las autoridades Sobre el tema, el vicefiscal general, Jorge Fernando Perdomo, dijo que la investigación arrancó en octubre del 2012 y que tiene que ver con las interceptaciones conocidas hace pocos días. En la declaración dijo que González del Río era quien lideraba la organización que tenía su centro de operaciones en Córdoba y la región del bajo Cauca antioqueño, zona de influencia de los ‘Urabeños’. Perdomo manifestó que entre los militares capturados en Villavicencio, Medellín, Barrancabermeja (Norte de Santander), La Dorada (Caldas) y Cali está el soldado profesional retirado José Ignacio Silva Rincón, el conductor de toda la vida del coronel González, a quien identificaban dentro de la organización como alias el ‘Gordo’ y era su hombre de confianza. “El modus operandi era extraer el material de los armerillos del Ejército. Luego se entregaba a las organizaciones criminales y en otras oportunidades se extraían algunos elementos, y personas expertas completaban las armas”, señaló el vicefiscal. La organización tenía una finca en Doradal (Antioquia) destinada al acopio de la armas y de las partes que allí se utilizaban para construir otros elementos de diferentes calibre. El general Jaime Lasprilla, comandante del Ejército, aseguró que no tolerarán este tipo de hechos de corrupción. El oficial dijo que la operación ‘Dignidad’ es la puerta a una rigurosa investigación que se desarrolla contra la red que lideraba el teniente coronel González. “Unidades especiales pertenecientes a la División de Asalto Aéreo del Ejército y el CTI propina el golpe a las redes de apoyo de la banda criminal los ‘Urabeños’”, señaló. Entre los elementos que eran extraídos irregularmente de los armerillos estaban, además, lanzagranadas y ametralladoras. Los militares retirados capturados, además de González y Silva, son el sargento viceprimero Junior Julián García Ríos, alias ‘Juan Valdés’, y el sargento primero Víctor Hugo Vélez. Los miembros del Ejército activos fueron identificados como los sargentos primero Gerardo Márquez Guerrero y Carlos Fernando Borda y los sargentos viceprimero Alexánder Sánchez Puerta y Juan Pablo Laguna Medina. Entre los particulares involucrados están: Óscar Iván Lugo Capera, alias el ‘Gordo’; Rodolfo Rodríguez; Henry Trujillo Ramírez, alias ‘Rigui’, y William Gil Monsalve, alias ‘Sacolero Armero’. El expolicía es Néstor Wilson Pinto. Perdomo aseguró que esta es la primera fase de la investigación y que los detenidos serán procesados por los delitos de concierto para delinquir, tráfico de armas de uso privativo de la Fuerzas Militares y peculado. Conductas que les pueden dar hasta 20 años de cárcel. En la segunda fase de la indagación, según trascendió, se espera la captura de otro coronel del Ejército, además la posibilidad de vincular a más personas relacionadas con los hechos. La audiencia de legalización de captura, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramientos será en Montería (Córdoba). Pero este no es el único caso. La Fiscalía anda también tras la pista de un entramado similar que funciona en la sede de la III Brigada, en Cali, y que también investigó SEMANA. En enero, un artículo de la revista se preguntaba por alrededor de 500 armas perdidas decomisadas a criminales y de las que se tiene sospecha que terminan nuevamente en manos de delincuentes, en una ciudad en que la situación de orden público es crítica. En manos de las autoridades queda resolver esta aberrante situación: un escabroso negocio que terminan pagando decenas de colombianos con sus vidas.