La tragedia de Erika Aponte Lugo, la joven que fue víctima de su expareja sentimental, en un centro comercial en el norte de Bogotá, la convierte, tristemente, en el ejemplo más claro de la ineficiencia del Estado para proteger a las mujeres que, como ella, anticiparon su asesinato. Ella lo denunció y apenas le entregaron un papel como soporte de su anunciada muerte.
Los reportes que se conocieron en las últimas horas indican que Erika llegó ante las autoridades en Soacha y denunció las amenazas, cómo su feminicida le advirtió que si no regresaba la asesinaría. Lo cumplió, ella se negó a regresar y él la mató. Ahora la Fiscalía abrió una investigación por el feminicidio, pero más allá está la responsabilidad de quienes sabían de las amenazas y no hicieron más por Erika.
El ente acusador aseguró que van a establecer cuál fue la ruta, quiénes estuvieron atentos al caso y qué hicieron para evitar esta tragedia. Las evidencias están en las denuncias de Erika, las declaraciones de su familia y el fatal resultado. El propósito es fijar responsabilidades y saber qué faltó en la protección de esta joven madre que deja una niña de ocho años de edad.
En el reporte de los investigadores están los registros en la comisaría de familia de Soacha y la Estación de Policía del mismo municipio, al sur occidente de Bogotá. Fue allá donde Erika dejó sentada su situación de riesgo y la advertencia de que su vida estaba en peligro. De los dos sitios salió con un papel que se supone era la única garantía de seguridad.
A la víctima también le ofrecieron la posibilidad de resguardarse en una casa de protección, pero en el caso de Erika, como en muchos otros, resulta imposible pensar en dejar toda su vida, las responsabilidades y hasta el trabajo para garantizar su seguridad. Ella era madre y tenía un trabajo, su forma de subsistencia. En otras palabras, mientras se escondía su familia pasaría hambre.
“Instrumentalización de su hijo, nos dijo que tenía sistemática violencia intrafamiliar. El caso, según lo relataba Erika, era francamente dramático, el pánico de Erika era evidente y su solicitud de ayuda fue expresa. Inmediatamente en la Casa de Justicia le ofrecimos el máximo nivel de protección que podíamos ofrecerle, no solamente asistencia psicosocial y jurídica, sino el traslado inmediato de ella y su hijo a una casa refugio”, explicó la alcaldesa de Bogotá, Claudia López.
La Policía también entregó detalles del crimen y de cómo las versiones preliminares confirmaron el caso de feminicidio. Explicaron desde la institución que en el sitio fue hallada el arma de fuego, los videos de seguridad y las declaraciones que se convertirán en el soporte jurídico del proceso.
“Lo que nos indican en este momento es que el victimario se llevó a un centro asistencial y pierde la vida producto de las heridas que él mismo se ocasionó. En Soacha se están haciendo las verificaciones de las acciones que se presentaron frente a la comisaría de familia y ahí estamos profundizando sobre el particular”, explicó el general Carlos Triana, jefe nacional del Servicio de Policía.
El caso está en manos de la Fiscalía y su grupo de expertos en temas de feminicidio. El objetivo es tener certeza de los móviles del crimen, las circunstancias de modo, tiempo y lugar que derivaron en este feminicidio.