Mientras un magistrado del Tribunal de Bogotá está por definir si envía a la casa por cárcel a Carlos Caicedo, gobernador del Magdalena, por irregularidades en contratos, su defensa se adelantó para frenar los tres procesos que corren en su contra. Lo hizo por medio de una tutela, que acaba de perder el mandatario.
El gobernador aseguró, con la tutela y varias recusaciones contra los fiscales del caso, que se le estaban violando el debido proceso y, por tanto, las investigaciones en su contra no tenían el soporte legal para continuar, en otras palabras, que la Fiscalía estaba abusando de su poder.
La tutela llegó al Tribunal de Bogotá, que tras analizar el caso, evaluar el material de prueba y escuchar la respuesta del ente acusador, concluyó que no hay merito para seguir con la tutela, que la Fiscalía no incurrió en una irregularidad, menos en una violación al debido proceso, por eso la negó.
“Así las cosas, estuvo ajustado el trámite que le dio la titular de la acción penal, a la petición de recusación presentada por el accionante, a través del oficio 20231500020601 de 2 de marzo de 2023 suscrito por el director de Asuntos Jurídicos de la FGN”, señaló el ente acusador.
Con esta decisión, los procesos contra el mandatario departamental quedan en firme y la Fiscalía podrá continuar con las investigaciones, todo mientras un magistrado concluye si existe una inferencia de responsabilidad en las presuntas irregularidades que ameriten la medida de aseguramiento de detención domiciliaria.
“Se observa que, en garantía del debido proceso, el despacho del fiscal general de la nación mediante resoluciones del 12 de abril de 2023 acorde a sus competencias –art. 63 de la Ley 906 de 2004 y art. 2° del Decreto Ley 016 de 2014– resolvió las recusaciones y las declaró infundadas”, redactaron los magistrados en la decisión.
Hace una semana, la Fiscalía insistió a los magistrados que era necesaria la medida de aseguramiento por considerar que mientras Caicedo continúe en su cargo, tendrá acceso al material de prueba y los testigos del caso. Eso, en su criterio, puede afectar el proceso. La petición del ente acusador la acompañó la Procuraduría.
“El ente acusador cumplió el requisito de inferencia razonable de autoridad, toda vez que trabaja en colación diversas evidencias recogidas en la parte de indagación, demostrándose la participación del imputado y no de otra persona en el desarrollo de las conductas indicadas, estableciéndose la tipicidad requerida”, dijo la procuradora del caso.
Insistió la procuradora, en su intervención, que el gobernador Carlos Caicedo dispuso de una serie de recursos que estaban destinados a otro sector de la administración pública y los usó en la construcción de los escenarios que son, en criterio de la Fiscalía, el motivo de la imputación de cargos.
“Pasar un proyecto como parte del sector de Educación cuando debía ser del sector cultura denota una magnitud del comportamiento desplegado por el imputado, puesto que al ser la contratación Estatal un aspecto de cada lado, la tramitación y financiación de una obra por un rubro distinto al que legalmente le corresponde”, explicó la Procuraduría.
La diligencia, en la que se define si la medida de aseguramiento procede, se fijó para el próximo 9 de mayo; será en ese momento que la justicia defina la situación jurídica para el mandatario, que de aprobar la medida, no le permitiría terminar su mandato en libertad.