La Fiscalía llamó a interrogatorio a 16 alcaldes locales de Bogotá por posibles irregularidades en contratos de ayudas alimentarias, a principios de 2020, cuando la capital del país empezaba a sufrir los estragos por la llegada de la pandemia del covid-19.

La decisión del ente investigador se da luego de las denuncias hechas por el concejal de Bogotá Jorge Colmenares en contra de los 16 mandatarios locales, por los contratos celebrados a través de los Fondos de Desarrollo Local. Allí se evidenciarían presuntamente varios delitos en la contratación pública.

Los mandatarios citados son los de las localidades de San Cristóbal, Ciudad Bolívar, Tunjuelito, Usaquén, Kennedy, Engativá, Usme, Barrios Unidos, Teusaquillo, Fontibón, Suba, Chapinero, Antonio Nariño, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe y Sumapaz.

“Celebro la decisión de la Fiscalía porque estamos hablando de un detrimento patrimonial de cerca de $10.000 millones que estamos pagando los ciudadanos y es necesario que se investigue la actuación de estos alcaldes locales mediante orden de la Secretaría de Gobierno, porque de ser cierto, mientras los ciudadanos nos encontrábamos en pandemia, la Alcaldía, la Secretaría de Gobierno y los alcaldes locales estaban haciendo fiesta con la urgencia manifiesta”, aseguró el concejal Colmenares a SEMANA.

Según Colmenares, los contratos se realizaron bajo la figura de urgencia manifiesta, pero esta modalidad no se cumplió puesto que esa figura no requiere planeación.

Sin embargo, el Distrito, por el contrario, en cabeza de la Secretaría de Gobierno, realizó varias acciones, entre ellas, expidió la Directiva 001 de 2020 que estableció las directrices para la implementación del Banco de Hojas de Vida; creó el Manual Operativo de Bogotá Solidaria en Casa; estableció los lineamientos de contratación; elaboró la solicitud de ofertas a varios oferentes; la proyección del contrato de la urgencia manifiesta y adelantó varias reuniones con los alcaldes locales. Es así que solo 70 días después de haberse declarado el Estado de Emergencia, los ciudadanos recibieron la primera ayuda.

De acuerdo con el concejal, el contrato con la Cruz Roja generó unos sobrecostos enormes para la ciudad representados en $10.600 millones, de esos $6.641 millones en sobrecostos de los mercados y kit de aseo y más de $3.000 millones en costos de administración que cobró la Cruz Roja.

Frente a la violación de la figura de urgencia manifiesta, Colmenares llamó la atención que en el contrato se estableció un pago anticipado por parte del Distrito a favor de la Cruz Roja por valor de $33.000 millones, sin embargo la Cruz Roja adelantó un proceso de selección de oferentes y dio un mayor puntaje a quien tuviera mayor capacidad financiera y aceptara el pago a 60 días.

Es decir, explicó Colmenares, que, sin justificación alguna, el Distrito desembolsó la suma de $33.000 millones como pago anticipado. A lo anterior, el cabildante cuestionó: ¿qué rendimientos financieros hubiese obtenido la Secretaría de Gobierno al haber tenido en sus cuentas esos $33.000 millones, cuando fue la Cruz Roja la que los manejó, los utilizó y usufructuó?

Ahora, frente a la idoneidad de la Cruz Roja para ejecutar los contratos, Colmenares señaló que este organismo se encarga de la instalación de campamentos, bonos, transferencias monetarias, pero no de la entrega de mercados y kits de aseo. “El contrato en últimas fue la compra de mercados y kits de aseo, y es tan así que la Cruz Roja no era idónea, que tuvo que subcontratar la compra y entrega de los kits”, dijo el cabildante del Centro Democrático.

Finalmente, Colmenares señaló: “La Cruz Roja seleccionó a Makro como una de las empresas para la compra de los mercados y kits de aseo, cuyo valor individual era de $98.000, pero con la aprobación de un comité del Distrito, asignado por la Secretaría de Gobierno, se pagó por cada mercado y el kit de aseo un valor de $118.000, es decir $20.000 más. Esto demuestra que además de los sobrecostos, hubo una idoneidad disfrazada”.

Por estas posibles irregularidades, la Contraloría Distrital también había abierto una indagación al respecto, pero luego de revisar toda la información presentada por las alcaldías locales y la Cruz Roja Seccional Cundinamarca y Bogotá, decidió archivar la investigación. Sin embargo, al mismo tiempo que denunció ante la Fiscalía, el concejal Colmenares pidió la reapertura de esta indagación en la Contraloría.

“La Contraloría hizo reapertura de la investigación pero no ha arrojado resultado alguno, cosa distinta en la Fiscalía que ya va más avanzado”, puntualizó Colmenares.

La Fiscalía confirmó el llamado a indagación de los 16 alcaldes locales y dio detalles de cuáles son las razones para este proceso. “Para la Fiscalía es claro que existieron irregularidades en la celebración de dicho contrato, toda vez, que se logra establecer la existencia de un sobrecosto en la adquisición de los mercados y kit de aseo por un valor de $10.618.145.280 y este se presenta por la indebida selección del contratista, cuya actividad económica y social no encaja en la necesidad contratada para cada Fondo de Desarrollo Local, siendo no idóneo para una correcta ejecución del contrato celebrado”, precisó el ente de investigación.

Por lo anterior, considera el delegado fiscal, que existe mérito para adelantar todas las labores tendientes a la proyección de una futura y probable imputación.