Bajo la dirección del fiscal general, Francisco Barbosa, se implementó una metodología de análisis en contexto y el uso de herramientas propias de las ciencias sociales para asociar casos e identificar a los máximos responsables de violaciones de derechos humanos en el país.
La Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos logró realizar 1.711 imputaciones, obteniendo 354 condenas y suscribiendo 521 preacuerdos.
Entre los esclarecimientos más destacados se encuentran el asesinato de la ambientalista colombo-española Juana María Perea Plata, el crimen del estudiante de Derecho Javier Ordóñez Bermúdez, el homicidio y desaparición de la psicóloga Adriana Pinzón Castellanos, y la muerte del líder universitario Lucas Villa Vásquez.
En un esfuerzo adicional, se avanzó en la judicialización de miembros de la fuerza pública implicados en excesos durante las protestas en Cali y se solicitó la audiencia de imputación contra 25 integrantes del Ejército Nacional por hechos ocurridos en Puerto Leguízamo, Putumayo.
Además, se implementó una estrategia para agilizar las investigaciones de magnicidios y otros casos de vulneraciones a los derechos humanos, descongestionando los despachos y reduciendo la carga de expedientes de 17.005 a 12.000, marcando un logro sin precedentes en la historia de la entidad.
En la lucha contra nuevas expresiones criminales, el Fiscal General dispuso la creación de grupos especializados para investigar el tráfico de migrantes, la trata de personas y las amenazas. En el tráfico de migrantes, se impactaron 11 estructuras criminales con 62 integrantes capturados, destacando la desarticulación de redes que utilizaban agencias de viajes como fachada.
En la trata de personas, se afectaron nueve redes delincuenciales con 40 capturas, abordando casos como la explotación sexual en Italia, el sometimiento de jóvenes en Chile y la captación de adolescentes en Colombia para actividades sexuales con disidencias de las Farc en Tumaco.
La Fiscalía alcanzó avances significativos en la investigación de amenazas contra defensores de derechos humanos; líderes e integrantes de organizaciones sociales, políticas y comunales, y periodistas.
En dos años de actividades, el Grupo de Trabajo Nacional de Amenazas facilitó el esclarecimiento de 188 casos de amenazas, logró 10 principios de oportunidad, realizó 57 imputaciones y llevó a juicio a los responsables de 33 hechos conocidos.
Aquí sobresale la condena de nueve años de prisión contra Jesús Mario Corrales, representante de una asociación de víctimas e integrante de la Mesa Departamental de Víctimas de Valle del Cauca, que diseñó y difundió dos panfletos con amenazas de muerte contra 36 personalidades del país y defensores de derechos humanos, entre ellos, él mismo.
Éxito en la lucha contra la corrupción
La Fiscalía General también ha logrado avances significativos en la lucha contra la corrupción durante el periodo 2020-2023.
Durante ese periodo, se realizaron 21.110 imputaciones, resultando en 3.579 condenas relacionadas con casos de corrupción. El ‘Direccionamiento Estratégico 2020-2024′ ha permitido centrarse en 19 delitos de alta incidencia, como el cohecho, el peculado, el interés indebido en la celebración de contratos, la concusión y la falsedad ideológica.
Entre los casos más destacados está el de Odebrecht, que fue abordado con 104 imputaciones, 65 acusados y 11 condenas.
De igual forma, fiscales delegados ante la Corte Suprema investigaron aforados, resultando en 19 imputaciones contra gobernadores y 66 contra exgobernadores, con 34 condenas. En las acciones contra políticos corruptos se destaca la identificación de la red liderada por el exsenador Mario Alberto Castaño, que llevó a 42 imputaciones y cinco condenas, demostrando el compromiso de la Fiscalía en la lucha contra la corrupción.