En la polémica por quién entregó la cocaína en el caso que terminó por enredar al exjefe de las Farc y hoy prófugo de la justicia alias Jesús Santrich, la Fiscalía espera iluminar el camino de quienes insisten en acusarla de orquestar un plan con el único objetivo de afectar el proceso de paz, a través de la captura de Santrich.
En un documento conocido por Semana Noticias, la vicefiscal Martha Mancera arrancó por explicar que la Fiscalía no es sujeto de control político del Congreso de la República, sin embargo, en aras de la transparencia y la rendición de cuentas, respondieron el cuestionario enviado por la Comisión Primera del Senado.
“En tal sentido, no es un órgano gubernamental o administrativo susceptible de control político parlamentario. Y no lo es, particularmente, en lo que se refiere a la orientación y el desarrollo de sus programas metodológicos, dentro de los procesos penales respectivos”, se lee en el documento firmado por la vicefiscal Mancera.
Dice la Fiscalía que por tratarse de un proceso y un caso de interés general responderán solo algunos puntos del cuestionario, no sin antes poner en contexto a los legisladores para que entiendan que algunos asuntos corresponden a la reserva que cobija algunas investigaciones, que incluso siguen en curso.
“Lo anterior, valga aclararlo, sin perjuicio del deber que le asiste a la Fiscalía de guardar, con criterios de proporcionalidad, la reserva de ciertos datos que hacen parte de la actuación penal en su fase de indagación”, señala el documento de la Fiscalía remitido a la secretaria de la Comisión Primera del Senado.
En el punto central de la discusión y motivo de un debate en el Senado, la droga que se usó en el operativo para vincular a Jesún Santrich en el tráfico de estupefacientes, la Fiscalía fue tajante en negar que la droga tenía como origen las bodegas o inventarios de la propia entidad.
“Todo lo anterior para decir, en resumen, que no es cierto que la sustancia estupefaciente provino de la Fiscalía General de la Nación. Esta provino de los presuntos infractores de la ley penal, La actuación se llevó a cabo a la luz de las normas procesales penales sobre agencia encubierta y entrega vigilada, y los estándares convencionales de cooperación judicial internacional”, señaló, con negrillas, el documento que firmó la vicefiscal Mancera.
En la misma respuesta que entrega la Fiscalía al Senado se detalla de manera cronológica cómo ocurrió ese operativo para acordar la entrega de droga, la salida del país de esa misma sustancia y la participación de un agente encubierto.
En el documento, el ente acusador asegura que en octubre de 2017 llegó una solicitud de colaboración judicial de la Embajada de los Estados Unidos que incluía un procedimiento de entrega controlada de cocaína y desde ese momento una fiscal contra el narcotráfico asumió el proceso y se autorizó el operativo.
“Una vez recibidas las autorizaciones de ley, se impartieron las correspondientes órdenes y se llevó a cabo el trámite de entrega controlada trasnacional, con base en la información del agregado jurídico de dicha embajada”, hace parte del relato de los hechos que detalló la vicefiscal en el documento.
En ese mismo documento, el organismo explicó que el primero de noviembre de 2017 se hizo la entrega de la droga, lo resaltan, a cargo de una organización dedicada al tráfico de estupefacientes, no de la Fiscalía, el motivo central de la discusión y criticas a la administración del exfiscal Néstor Humberto Martínez.
“Se hizo entrega de un maletín, por parte de un miembro de la organización involucrada en el tráfico de estupefacientes. En su interior, se hallaron cinco contenedores con sustancia ilegal, que fue recibida por un agente encubierto, servidor público con funciones de policía judicial”, se escribió en el documento de la Fiscalía.
Explica la funcionaria que el procedimiento de entrega controlada y las interceptaciones telefónicas fueron objeto de revisión y legalización por parte de un juez de la república, lo que en su criterio aclara que las actuaciones de la Fiscalía estuvieron en el marco de la ley.
“Dentro del término previsto por el legislador, se acudió ante el Juzgado 69 Penal Municipal con función de control de garantías de Bogotá, que impartió legalidad formal y material: (i) a la orden, (ii) al procedimiento y (iii) a los resultados de la actuación, de conformidad con los artículos 242 y 243 del Código de Procedimiento Penal”, señaló la vicefiscal Mancera.
Respecto a la información que se entregó a la Jurisdicción Especial para la Paz, la Fiscalía aseguró que se suministró a la Sección de Revisión de esa entidad, “las copias espejo de esas comunicaciones, así como de la respectiva orden de interceptación y de las actas de las audiencias de control de legalidad, conforme al requerimiento de la mencionada corporación”.
En síntesis, la Fiscalía advierte que no fueron ellos los que suministraron la cocaína en el caso Santrich y que los resultados de las interceptaciones telefónicas no fueron determinados por la Fiscalía pues los investigadores solo se limitaron a extraer y analizar la información obtenida.
“Si, en dichas conversaciones, se menciona a funcionarios públicos o a personas de reconocimiento nacional, ello no es provocado, de ninguna manera, por el ente investigador, cuyos fiscales se deben limitar a extraer y a procesar la evidencia como lo ordena la ley y a desarrollar su programa metodológico, a partir de hipótesis delictivas”, se puede leer en este documento firmado por la vicefiscal y radicado como respuesta a la Comisión Primera del Senado.