El escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), uno de los más grandes que se haya dado en el gobierno del presidente Gustavo Petro, viene teniendo avances en la Fiscalía. SEMANA conoció que se preparan decisiones en torno a los dos testigos clave, protagonistas de la red que saqueó la entidad, el exdirector Olmedo López y el exsubdirector Sneyder Pinilla, así como con los altos funcionarios de gobierno involucrados.
Sobre Sneyder Pinilla y Olmedo López, se pudo confirmar que la Fiscalía está dando los últimos pasos para definir las condiciones finales del preacuerdo que implicaría pagar, reconocer y delatar sobre todo lo que saben de este escándalo de corrupción, como lo han venido haciendo, a cambio de reducción en la pena y que las condiciones de reclusión les sean favorables. Se refieren a la posibilidad de estar detenidos en una guarnición militar para proteger sus vidas.
Además, según informaron desde la misma Fiscalía, se está evaluando y en próximos días podrían ser citados los miembros de la cúpula del gobierno del presidente Gustavo Petro que fueron salpicados en este escándalo de corrupción y que, según el testimonio de Olmedo López, serían parte del “cónclave” desde donde se daban las órdenes de sacar contratos por 92.000 millones de pesos y asignárselos a congresistas de la Comisión de Crédito Público, para que estos aprobaran empréstitos que se pedirían a la banca internacional.
Se trata del exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia, Carlos Ramón González, quien habría ordenado entregar estos contratos. Y a quien lo une con Olmedo López y el presidente Petro la militancia de vieja data, más de 30 años, en el M-19.
El otro alto funcionario que sería citado es el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien aunque dice que las acusaciones son solo chismes, sus actuaciones como ministro sí lo tienen contra las cuerdas. En primer lugar, hizo dos autorizaciones de envío de dinero a la UNGRD, cada una por 700.000 millones de pesos, cuya finalidad, en parte, señala Olmedo López, era justamente para comprar votos de congresistas.
Los contratos entregados a dedo por 92.000 millones de pesos a los congresistas de la Comisión de Crédito Público, Wadith Manzur, Liliana Bitar, Julián Peinado, Juan Diego Muñoz, Juan Pablo Gallo y Karen Manrique también son temas que tendría que explicar Bonilla.
Es claro por los chats y pruebas presentadas ante la Fiscalía, y que fueron publicados por SEMANA, que sí dio la orden, y no solo eso, puso a su asistente María Alejandra Benavides a que estuviera pendiente del avance de cada uno de los contratos. Benavides, a su vez, empezó a trabajar de la mano del otro testigo estrella, Sneyder Pinilla, para sacar adelante el supuesto compromiso con los parlamentarios.
Por eso, también se confirmó que la asistente María Alejandra Benavides también será llamada nuevamente a la Fiscalía, donde ya estuvo, cuando su nombre salió a flote en medio del escándalo.