Ante las polémicas declaraciones de William Rodríguez Abadía, hijo de Miguel Rodríguez Orejuela, excapo del Cartel de Cali, en las que acusó a Horacio Serpa de tener conocimiento del ingreso de dineros de la mafia a la campaña presidencial de Ernesto Samper, el fiscal general, Eduardo Montealegre, negó la posibilidad de una nueva investigación. Por el contrario, dijo que si se quiere reabrir el proceso la decisión es competencia de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, el jefe del ente investigador señaló que existen hechos que se consideran cosa juzgada. “El caso del expresidente Samper fue decidido hace muchos años por el Congreso de la República”, explicó Montealegre, al tiempo que aseguró que lo dicho por Rodríguez no da para decidir si el crimen de Álvaro Gómez fue de lesa humanidad. “En este momento estamos en el plano de las conjeturas, hay hipótesis en este sentido que hasta ahora no han tenido comprobación seria dentro del proceso”, expresó. Montealegre indicó que la labor que tiene la Fiscalía en este momento es evaluar las diferentes declaraciones que se han dado en Estados Unidos, pues no sólo han podido conocer la del hijo de capo del cartel de Cali. El fiscal general añadió que una vez conozcan todas las declaraciones que se han entregado en el caso del llamado proceso 8000, si es necesario, se las enviarán a la Corte Suprema para que determine las investigaciones pertinentes en el caso de los aforados. El polémico suceso ha revivido luego que se publicó una entrevista ante un fiscal colombiano en Estados Unidos. En ella el hijo del capo afirmó que el cartel de Cali entregó dineros a la campaña de Ernesto Samper y que además se había reunido con Serpa, entonces ministro de Gobierno. Afirmaciones que fueron negadas por el hoy candidato al Senado. Según Rodríguez Abadía, uno de los encuentros se produjo en el Cantón Norte, donde estaba detenido Fernando Botero (quien fuera gerente de la campaña de Samper). Otro en un apartamento en el norte de Bogotá y un tercero en un hotel de la capital. En las reuniones, presuntamente, se buscaba el apoyo del político santandereano para reversar el proceso de extradición de los narcotraficantes hacia Estados Unidos y que no se les aplicara la extinción de dominio a algunos bienes de familiares de la familia Rodríguez Orejuela. Respecto a lo anterior, Serpa calificó de “coincidencia muy coincidente” que la versión de Rodríguez Abadía se conociera precisamente el día en que oficializaría su regreso a la política electoral. Sobre el proceso 8000, Serpa recordó que fue investigado y absuelto, pero que no se opone a que la justicia decida reabrir cualquier investigación. “Siempre he respondido ante el país y ante la justicia sobre todos los asuntos de mi vida personal y pública, mi vida está sometida al escrutinio y ha sido averiguada con saña, incluso por autoridades internacionales”. Serpa afirmó que si así lo determina la justicia, está abierto a una nueva investigación en la que se mostró.