“No se opone a concederle la libertad a prueba”. De esta forma la delegada de la Fiscalía General presentó su concepto frente a la solicitud de libertad presentada por la defensa del excomandante paramilitar Salvatore Mancuso Gómez, quien el pasado martes fue deportado a Colombia tras cumplir una condena de los 17 años de prisión en los Estados Unidos por delitos relacionados con el tráfico de drogas.
En este sentido señaló que al hacer la respectiva revisión del expediente, Mancuso ha realizado los aportes de verdad, justicia, reparación y no repetición tras su desmovilización en el 2004. Igualmente, manifestó que estando en Colombia el excomandante de las AUC podrá participar en una ruta de reintegración con la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, acciones que ya habría realizado.
Mancuso, quien se encuentra recluido en un pabellón de máxima seguridad de la cárcel La Picota, de Bogotá, fue deportado el pasado martes 27 de enero después de cumplir una condena de 15 años en los Estados Unidos por delitos relacionados con el tráfico de drogas, tiene 45 procesos para sentencia por 37.000 hechos criminales y otros 29 trámites para imputación de 15.000 casos de violencia.
“En Barranquilla tiene 27 trámites para medida de aseguramiento (...). En Bogotá tiene 14 trámites con medida. Por cada hecho, en el marco de la ley de Justicia y Paz, se impone una medida para garantizar los derechos de las víctimas”, explicó la fiscal en referencia a los caso de quien fuera comandante de los Bloques Norte, Central Bolívar y Montes de María.
Por su parte, la delegada de la Procuraduría General manifestó que tampoco no oponía a la libertad a prueba de Mancuso al considerar que cumple con los requisitos. Sin embargo, advirtió que sí se deben poner límites para que se movilice de manera libre por el territorio nacional.
En su argumentación, indicó que la designación como gestor de paz de Mancuso no puede afectar los compromisos adquiridos con las víctimas en la Justicia y Paz. “En manera alguna puede soslayar y diluir las obligaciones y compromisos del postulado con Justicia y Paz. Se trata de escenarios independientes sin que la materialización de la designación presidencial pueda solventar el alcance del proceso de Justicia y Paz”.
Por su parte, la defensa del exjefe paramilitar, liderada por el abogado Nelson Menjura, pidió que se definan las obligaciones de Mancuso si se le otorga la libertad. El excomandante paramilitar fue designado como “gestor de paz” por el gobierno de Gustavo Petro.
El próximo lunes 4 de marzo, a las 2 de la tarde, la magistrada definirá si avala o no la petición presentada por la defensa de Mancuso. El excomandante paramilitar tiene otra audiencia pendiente el 6 de marzo ante Justicia y Paz de Barranquilla.
La Sala de Justicia y Paz entrará a definir si Mancuso reparó de manera efectiva a las víctimas, no volvió a delinquir después de su desmovilización, cumplió la condena de ocho años de prisión, hizo un aporte de verdad plena a la justicia y se resocializó tras su detención en los Estados Unidos.