Este 10 de febrero se conoció que un juez de control de garantías, por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, emitió órdenes de captura contra los máximos cabecillas del Clan del Golfo, organización criminal dedicada al narcotráfico, secuestro y homicidio, y a la que el gobierno de Gustavo Petro busca le sean levantadas órdenes de captura a sus miembros en el marco de la llamada ‘paz total’.
Las órdenes obtenidas por el ente acusador ahora pesan sobre Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo; Wilmer Antonio Giraldo Quiroz, alias Siopas; y José Gonzalo Sánchez Sánchez, alias Gonzalito, integrantes del denominado Estado Mayor del Clan del Golfo y señalados como presuntos responsables de contactar e instrumentalizar menores de edad para realizar diversas conductas delictivas en el norte de Antioquia.
De igual forma, se emitió una orden de captura contra José Ramón Zapata Pérez, alias Gabino, señalado jefe de la subestructura Julio Cesar Vargas.
“Abundante material de prueba da cuenta de que, entre 2021 y 2023, la organización criminal ha contactado a niñas, niños y adolescentes que se sometieron a procesos de resocialización y reinserción a la vida civil, y los ha inducido para que se vinculen a la subestructura Julio Cesar Vargas”, determinó la Fiscalía General tras las pesquisas.
En medio de la investigación, realizada de manera articulada con la Policía Nacional, la Gobernación de Antioquia y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), han sido detectadas, por lo menos, 20 víctimas en Briceño, Valdivia, Yarumal y Santa Rosa de Osos, Antioquia.
“Las evidencias obtenidas por un fiscal de la Dirección de Apoyo a la Investigación y Análisis contra la Criminalidad Organizada indican que la instrumentalización de menores por parte del grupo armado ilegal correspondería a una decisión jerárquica, planeada y ejecutada según los lineamientos definidos por los presuntos máximos cabecillas del Clan del Golfo”, estableció la Fiscalía.
A quienes el Gobierno quiere levantar órdenes de captura
El alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, envió una comunicación dirigida al fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, el pasado 11 de enero. En ella, solicita la suspensión de ocho órdenes de captura, en el marco de la ‘paz total’.
Todos los criminales hacen parte del Clan del Golfo. Entre ellos figura Jobanís de Jesús Ávila Villadiego, conocido como Javier o Chiquito. Este hombre, también conocido como Chiquito Malo, reemplazó al extraditado alias Otoniel y es el nuevo jefe del Clan del Golfo.
En la lista solicitada por el comisionado Rueda también aparece José Gonzalo Sánchez Sánchez, alias Gonzalito. Es otro narcotraficante perteneciente al Clan del Golfo que trabaja en llave con Chiquito malo y tiene a cargo un ejército criminal de por lo menos 1.200 hombres. Se mueve entre el Bajo Cauca y Córdoba.
El siguiente en la lista es Alexander Celis Durango, conocido como Bayron. Por su ubicación han ofrecido una recompensa de hasta 43 millones de pesos. Se ha dedicado igualmente al negocio del narcotráfico y es uno de los criminales más buscados del Clan del Golfo.
Jorge Emilson Córdoba Quinto, alias Negro Perea. Hay una orden en su contra por concierto para delinquir agravado con fines de homicidio y su actividad delincuencial es reconocida en los municipios de Canalete y Arboletes, en Córdoba.
José Miguel de Moya Hernández, conocido en el hampa con el alias de Chirimoya. En el pasado estuvo preso, y hoy es pedido en extradición por Estados Unidos por narcotráfico. Tras la captura de Otoniel, intentó montar una estrategia criminal para impedir la extradición del capo.
Orozman Orlando Ostén Blanco. Tiene 14 procesos por homicidios, secuestro extorsivo y desaparición forzada. Era uno de los llamados a suceder a Otoniel.
En la lista también aparecen Luis Armando Pérez Castañeda y Alex Sierra Moncada, de quienes hay pocos detalles sobre su vida delictiva.
En la carta enviada por Rueda al fiscal Barbosa, se justifica así la petición del Gobierno Petro: “Por medio de la presente, remito la Resolución 003 del 11 de enero de 2023. Por la cual se reconocen a miembros representantes de las AGC para los acercamientos exploratorios con el Gobierno nacional, y se dictan otras disposiciones”.
Clan del Golfo y el cese al fuego
En enero pasado, La Gobernación de Antioquia denunció inconsistencias en el cumplimiento en el acuerdo del cese al fuego entre el Gobierno Nacional y el Clan del Golfo; sin embargo, en un supuesto comunicado firmado por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), como también se le conoce a la organización criminal, dejan por sentado que sus integrantes no estarían violando el cese al fuego que pactó con el Gobierno en medio de las negociaciones de la ‘paz total’.
Se conoció el anuncio luego de que el gobernador Aníbal Gaviria Correa denunciara ante la opinión pública el incumplimiento de este mecanismo por los hombres que comandó Otoniel. Son señalados de homicidios y secuestros, pese al acuerdo.
El mensaje tiene el sello del brazo armado de Edwin Román Velásquez Valle que es liderado por alias Chicharro, de acuerdo con las investigaciones adelantadas por las autoridades, y sus miembros delinquen en la subregión del occidente del departamento.
Los emisores de la carta relataron que, “de mala fe”, algunos medios de comunicación han difundido información que los vinculan con alteraciones de orden público que no protagonizaron en el territorio donde operan y figuran como la única fuerza ilegal.