Los exgobernadores de Guainía Óscar Armando Rodríguez Sánchez y Javier Eliécer Zapata Parrado, y el exalcalde de Inírida Camilo Andrés Puentes Garzón, terminaron metidos en procesos que la Fiscalía llamó de macrocriminalidad y que básicamente están relacionados con hechos de corrupción en el departamento de Guainía.

Los exgobernadores y el exalcalde facilitaron la firma de millonarios contratos de obras que nunca arrancaban o se quedaban a la mitad, se convertían en elefantes blancos en esta zona del país, que exige por esos proyectos de infraestructura y que por cuenta de la corrupción de los funcionarios, elegidos por la misma comunidad, se mantiene en la pobreza a pesar de tener los recursos para su desarrollo.

“La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión sobre 87 bienes que pertenecerían a los exgobernadores de Guainía Óscar Armando Rodríguez Sánchez y Javier Eliécer Zapata Parrado, y al exalcalde de Inírida Camilo Andrés Puentes Garzón”, explicó la Fiscalía.

Los hechos de corrupción de los exmandatarios principalmente estarían en elemento vital para la comunidad que los eligió: el sistema de acueducto de varios municipios. Fue la promesa de campaña y se convirtió en la caja menor de los corruptos en el departamento. Los proyectos tenían fecha de vencimiento y ni siquiera en las dos administraciones de los gobernadores, Rodríguez entre 2012 y 2016, y Zapata hasta 2019, se logró culminar la obra.

“Con complicidad de particulares, habrían suscrito múltiples contratos de suministro y obras públicas que no se ejecutaron, quedaron a medias o presentaron diversas inconsistencias en la fase precontractual; al parecer, relacionados con la construcción de los acueductos de los municipios de Pueblo Nuevo, Minitas, Carpintero, Mapiripana y La Unión”, señaló el ente acusador.

Por estos hechos de corrupción, la Fiscalía atribuyó la riqueza de los exgobernadores y el exalcalde, a las ganancias que les dejó destinar los recursos públicos a terceros, dilapidar el erario del Estado y defraudar a su comunidad que tenía puesta su esperanza en los proyectos de desarrollo para la región y que hoy son muestra de la pobreza que deja la corrupción.

“Rodríguez Sánchez ejerció el cargo de gobernador entre 2012 y 2016; mientras que Zapata Parrado y Puentes Garzón fueron elegidos para el periodo 2016-2019. Los exmandatarios fueron capturados e imputados por diferentes delitos, entre estos: concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos, y peculado por apropiación”, dijo la directora de Extinción de Dominio, Liliana Patricia Donado.

Los bienes que fueron ocupados con fines de extinción de dominio están ubicados en Chía y Cajicá, Cundinamarca, Inírida en Guainía y Villavicencio en el Meta. Se trata de 72 predios rurales, siete urbanos, cuatro vehículos, tres sociedades y un establecimiento de comercio avaluados preliminarmente en cerca de 22.000 millones de pesos.

“La Fiscalía estableció que las propiedades estaban a nombre de terceros o personas cercanas a los exfuncionarios. Los bienes quedarán a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración”, dijo la funcionaria.

La investigación de la Fiscalía continúa y se espera establecer si los exfuncionarios tendrían otros bienes que no fueron reportados por los testigos, además de continuar con el proceso por los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos, y peculado por apropiación; el objetivo es llegar a una condena.