Las pruebas contundentes que hoy tiene en su poder la Fiscalía General de la Nación contra la exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz, son el principal argumento para solicitarle al juez que debe ser enviada a la cárcel, mientras avanza el proceso judicial. Sería la primera exfuncionaria del Gobierno que terminaría tras las rejas por el escándalo de la UNGRD.
Aunque la exconsejera se declaró inocente ante la juez de control de garantías que lidera la imputación de cargos, la Fiscalía ha logrado obtener pruebas técnicas contundentes que la vincularían con el entramado de corrupción en la entidad y con su presunta participación en la entrega de 3 mil millones de pesos al entonces presidente de la Cámara, Iván Name.
“La Fiscalía concurre a esta segunda audiencia preliminar concentrada con el propósito de solicitarle a la jurisdicción la imposición de medida cautelar de detención preventiva privativa de la libertad en establecimiento de reclusión contra la imputada Sandra Liliana Ortiz Nova” le dijo la fiscal del caso a la juez.
La Fiscalía ha entregado detalles de cómo la entonces alta consejera del gobierno Petro habría servido como “mensajera” para llevarle al expresidente del Senado, Iván Name, 3.000 millones de pesos que se desviaron de la corrupción que se dio en el contrato de los carrotanques para suministrar agua potable en La Guajira.
La fiscal del caso también argumentó que la medida de aseguramiento contra Ortiz se basó en: “delimitar el marco jurídico de la petición, requisitos formales, cumplimiento de fines constitucionales, examen de suficiencia de la medida para la detención preventiva y el juicio de proporcionalidad”.
En la imputación contra Ortiz han vuelto a relucir nombres como el de exdirector del DAPRE, Carlos Ramón Gonzáles, quien supuestamente habría sido el responsable de dar la orden de comprar la conciencia de los congresistas, a cambio de que apoyaran las reformas a la salud y al sistema pensional que se movían en el Congreso.
La fiscal detalló: “En la ciudad de Bogotá, Distrito Capital, entre los meses de septiembre a diciembre de 2023, Carlos Ramón González Merchán, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en adelante, e integrante del mismo partido de la señora Sandra Liliana Ortiz Nova, esto es Alianza Verde, le ordenó a Olmedo de Jesús López Martínez entregar contratos por valor de 60 mil millones de pesos a favor del también copartidario suyo y presidente del Senado de la República, Iván Leonidas Name Vásquez por un valor superior a los 10 mil millones de pesos”.
La exconsejera para las regiones ahora se enfrenta a una pena de hasta 30 años de cárcel por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias. Mientras que Iván Name tuvo que ir el pasado lunes a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema a rendir indagatoria por todas las acusaciones que hay en su contra.
Ese proceso, que avanza en el despacho del magistrado Francisco Farfán, existirían pruebas contundentes que comprometen al congresista de la Alianza Verde con el escándalo de corrupción en la UNGRD que terminó sacudiendo al gobierno del presidente Gustavo Petro.