El escándalo de la presunta falsa desmovilización de Cacica La Gaitana de las FARC continúa. Este miércoles la Fiscalía imputó cargos al general Leilo Suárez Tocarruncho (peculado por apropiación en favor de terceros, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones de defensa personal y fabricación, tráfico y porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas y fraude procesal) y pidió medida de aseguramiento. La Fiscalía pidió la captura del general argumentando que puede afectar el proceso y presionar a los testigos del caso.En audiencias anteriores, el procurador del caso, Jairo Acosta, señaló que el entonces jefe de inteligencia del Ejército se reunió con Raúl Agudelo Medina, alias ‘Olivo Saldaña’, en la cárcel La Picota. Allí se habría fraguado la desmovilización, cuya credibilidad cuestiona el ente acusador. Según la Procuraduría, este general fue quien dio la orden al coronel Jaime Ariza y al coronel en retiro Hugo Alberto Castellanos (ambos ya vinculados a este caso) para que se encargaran del manejo y el transporte de las armas que desde Santa Marta fueron llevadas al lugar de la desmovilización, y cuya financiación habría estado en manos del presunto narcotraficante Hugo Alberto Rojas. Pero la acción de Suárez Tocarruncho, según el Ministerio Público, no quedó ahí. “Él fue el encargado por parte de la alta oficina del alto comisionado para la paz de desarrollar todo el proceso”, dijo el vocero de la Procuraduría, quien explicó que el general tenía información privilegiada sobre la estructura que haría parte de la desmovilización. No muy contrario es el concepto de la Fiscalía, que asegura que Suárez Tocarruncho tenía las identidades de las personas que hicieron parte de la presunta falsa desmovilización, que para el ente acusador no habría sido posible sin él. Al general en retiro también se ha referido José Alfredo Pacheco, una de las personas que destaparon la presunta falsa desmovilización. Según él, "de todo esto sabían el general (Mario) Montoya y el general Suárez Tocarruncho".