La Fiscalía General le pidió a la jueza 42 de control de garantías que envíe a la cárcel al exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Pierre García Jacquier, en el marco el proceso que se le adelanta por las irregularidades que se presentaron en la celebración de millonarios contratos.
En su petición, la fiscal del caso manifestó que la medida privativa de la libertad se hace necesaria para garantizar la presencia de García Jacquier a las audiencias y proteger la integridad del proceso. Pese a que el exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS) ha manifestado que tiene domicilio en Colombia, la Fiscalía indicó que la evidencia señala que “estaría domiciliado en la ciudad de París”.
La Fiscalía General le imputó, a finales de 2023, los delitos de concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos. En la imputación se señaló que en su despacho del DPS en Bogotá a funcionarios, contratistas y congresistas interesados en los contratos del llamado Proyecta-Quindío, que luego fueron adjudicados de manera particular con la “orientación” que previamente se acordó con el entonces funcionario.
Tras la pregunta de la jueza de control de garantías, el exfuncionario se declaró inocente. “Su presentación es clara, he entendido, conozco mis derechos y no necesito hablar con mi abogado... Rechazo los cargos que me imputa la Fiscalía, soy inocente, lo demostraré con pruebas con mi defensa y por ello no acepto los cargos”.
Para la Fiscalía General, existe evidencia suficiente para inferir que García Jacquier tuvo interés directo en la celebración de millonarios contratos, haciendo parte de la red de corrupción que lideró durante muchos años el senador liberal Mario Alberto Castaño y de la cual habrían participado otros congresistas y dirigentes políticos del Quindío, Tolima y Cundinamarca.
“Esos presuntos senadores que estarían involucrados en estos hechos serían en primer lugar Mario Alberto Castaño Pérez cuyo enlace corresponde al ciudadano Juan Carlos Martinez (...). También resultaron beneficiados otros tres senadores, como lo son Samy Merheg, Carlos Abraham Jiménez López y Juan Felipe Lemos Uribe”, aclaró la fiscal.
El grupo conocido como Las Marionetas se encargó de desviar procesos de contratación en los departamentos del Tolima, Quindío y Cundinamarca, principalmente utilizando estrategias legales de contratación y aprovechando sus facultades en los cupos indicativos.
La Fiscalía advirtió que hubo distintas reuniones en las oficinas del DPS, a las que asistió, entre otros, el senador Miguel Ángel Barreto, al parecer, con la intención de garantizar la contratación que posteriormente fue objeto de verificación por las entidades de control conocido como el caso Proyecta-Quindío.
“Destacar estas visitas porque también fue uno de los senadores que se acuñan como dueños de esa contratación derivada de Proyecta-Quindío y, para dejar absolutamente claridad con esos hechos jurídicamente relevantes, también tiene que hacer alusión la Fiscalía a lo siguiente: el punible concierto para delinquir exige dentro de los elementos del tipo la existencia de una acuerdo de voluntades y esas circunstancias de tiempo, modo y lugar”, dijo la Fiscalía en la imputación de cargos el pasado 19 de diciembre.