La Fiscalía General anunció una compulsa de copias para que se investigue por el delito de lavado de activos a ocho de las trece personas capturadas por formar parte de un “grupo delincuencial organizado” liderado por el senador Mario Castaño para la entrega de convenios de infraestructura vial y contratos de prestación de servicios en diferentes entidades públicas.

El fiscal pedirá que se investigue a Juan Carlos Martínez, asesor del congresista liberal; Daniela Ospina, compañera sentimental del senador; Lorena Cañón, Marcela Castaño, Santiago Castaño y Wilmar Herrera “porque encontramos, de las evidencias que ya tenemos, que podrían haber estado inmersos en una conducta de lavado de activos”.

Sin embargo, debido a que este es un caso “especializado” que maneja otra Unidad, el fiscal anticorrupción enviará las evidencias para que se determine si estas personas incurrieron en este delito. “Me parece importante para garantizarles conocimiento y un adecuado ejercicio de la defensa, que las conozcan”, precisó el delegado del ente investigador al referirse a las personas que fueron capturadas el pasado viernes.

Durante la audiencia de imputación de cargos, el fiscal aseguró que Martínez, aprovechando su cercanía con el senador y sus contactos, fue el encargado de hacer trece llamadas de tipo extorsivo a un grupo de personas a quienes les ofrecía un contrato de prestación de servicios para trabajar en diferentes entidades públicas como el Instituto Nacional de Bienestar Familiar (ICBF), la Contraloría General, la Procuraduría Genera, el Sena en el departamento de Caldas y la ciudad de Manizales, entre otros. Todo esto a cambio de una comisión.

En este sentido se señala que Martínez se aprovechó de la vulnerabilidad y el desespero en el que estaban las personas en condición de desempleo. Todo esto, reveló el representante de la Fiscalía, con el conocimiento del senador Mario Castaño, quien habría dado órdenes directas y conocía todo lo que estaba haciendo su asesor, puesto que también se ponía la condición de apoyarlo para las próximas elecciones al Congreso y la consecución de votos.

La Fiscalía General aseguró que la campaña y eventos públicos que convocaba el senador eran financiados por los actos de corrupción relacionados con la contratación estatal. El delegado del ente investigador aseguró que las trece personas capturadas pusieron su “tarrado de arena” con el fin de cumplir los objetivos de la organización criminal.

Igualmente, se advierte que en total recibieron 15 contratos de obra pública e infraestructura en el departamento del Chocó, Tolima y Caldas de manera directa. Para evitar llamar la atención se hizo una licitación, sin embargo, los contratistas ya habían recibido información para presentar el pliego de condiciones y así cumplir con los requisitos exigidos.

La Fiscalía General les imputó a Juan Carlos Martínez y Daniela Ospina los delitos de extorsión y estafa agravada. Mientras que a Lorena Cañón, Marcela Castaño, Santiago Castaño y Wilmar Herrera, los delitos de concierto para delinquir agravado e interés indebido en la celebración de contratos.

Por estos hechos de corrupción, la Fiscalía General compulsó ante la Corte Suprema de Justicia para que investigue al senador Mario Castaño. Tras conocer los hechos el congresista -quien buscará reelegirse para un nuevo periodo en el Congreso- negó cualquier vinculación con este caso y manifestó que es inocente. “Son conversaciones sacadas de contexto”.