En una audiencia que se ha extendido por siete horas, la Fiscalía General pidió dejar en firme la medida de aseguramiento en centro carcelario contra la exconsejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz, en el marco del proceso penal que se le adelanta por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Para la fiscal del caso, la exfuncionaria representa un peligro para la sociedad y puede obstruir a la administración de justicia mediante la manipulación de pruebas y presión a testigos. En respuesta al recurso de reposición, la delegada del ente investigador aseguró que no existen méritos para otorgarle la detención domiciliaria o enviarla a una guarnición militar.
“En cuanto a las alusiones de que la señora (Sandra) Ortiz tiene muchas amenazas, que una mujer del lado del presidente habla con la fiscal y la procuradora, señoría, pues nada de esto fue puesto en conocimiento, tampoco se trajeron evidencias”, explicó la fiscal en su intervención.
Igualmente, aprovechó la oportunidad para hacer referencia a las declaraciones hechas en la audiencia pasada por parte de Sandra Ortiz, quien aseguró que había recibido todo tipo de presiones en sus indagatorias ante la Fiscalía para que firmara un principio de oportunidad.
“Solo me resta indicar lo siguiente por la gravedad de la afirmación, señoría, aquí la defensa sostuvo que la señora Sandra Ortiz fue compelida forzada a pactar un principio de oportunidad con la fiscal y que como eso no se produjo entonces esto es una retaliación del ente investigador frente a su negativa”, detalló la fiscal.
“Frente a ello queremos decir que efectivamente buscar salidas alternativas a la solución de procesos constituye una política criminal de la señora fiscal general de la Nación (Luz Adriana Camargo), de la actual administración. Eso no, no está oculto, hace parte de su plan estratégico con el cual, además, señoría, la Corte Suprema de Justicia la eligió fiscal. La Fiscalía está abierta a pactar preacuerdos y principios de oportunidad con todas las personas que se acerquen o con quien tengamos interés para ello”, añadió la delegada del ente investigador.
Por esto, cualquier señalamiento no tiene ningún peso, pues siempre se buscan medidas alternativas, entre las que se encuentran preacuerdos o principios. “Pero derivar de esa circunstancia que hemos compelido a la señora Sandra Ortiz a realizar a firmar ese principio de oportunidad si nos preocupa porque es que ya nos pone raya con un delito”.
Recordó que con el abogado con el que asistió a las indagatorias se habló de esta posibilidad. En las cuatro reuniones que sostuvieron se puso sobre la mesa la existencia de la firma de un acuerdo.
“La primera reunión a iniciativa, por supuesto, de la señora Ortiz, porque la política de esta delegada es que contra quien tengamos, evidencia para apalancar una condena, no los vamos a escuchar en interrogatorio, ellos deben acercarse a nosotros, y ella fue en compañía de su anterior defensor, nos buscó, estuvimos conversando, luego posteriormente decidió el cambio del defensor, y la razón que ella duró en aquella reunión era que porque ese defensor no quería permitirle pactar un principio ni negociar con la Fiscalía General”, detalló.
Esta posición fue entendida y aceptada por los fiscales. “Ella está en pleno derecho a hacerlo o no hacerlo. Y luego se produjeron las reuniones a las que hizo referencia el defensor. Pero lo que sí deseo precisar es que en esas reuniones especialmente a la que el defensor hace referencia, la intervención que él pone de manifiesto del señor procurador Mario Gómez no se hizo en punto a que estuviéramos forzando a la señora Ortiz a pactar un principio de oportunidad. Lo que se hizo allí fue que el señor coordinador de la unidad delegada ante la Corte sostuvo que en ese momento no se podía escuchar a la señora Ortiz porque estaba medicada”.
De este hecho, incluso, existe una prueba documental de que estaba tomando unos medicamentos psiquiátricos, a lo cual el señor agente del Ministerio Público aquí presente y que puede ratificar en cualquier momento esta versión asintió porque vio que no estaba en condiciones físicas ni mentales para pactar un principio de oportunidad con la Fiscalía”.
Por orden de la jueza tercera de control de garantías de Bogotá, la exfuncionaria será trasladada a la cárcel El Buen Pastor, de Bogotá.