Para la Fiscalía hay elementos de sobra que confirman la presunta responsabilidad de los capturados en un gran operativo contra la llamada primera línea y desarrollado simultáneamente en tres ciudades. Al menos 20 personas fueron presentadas ante los jueces de Control de Garantías por los delitos de concierto para delinquir, daño en bien ajeno y violencia contra servidor público.

En las audiencias de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento, el fiscal a cargo de la investigación presentó el material probatorio en contra de los capturados y que los ubica en los lugares atacados por la llamada primera línea y en el marco de protestas o manifestaciones públicas.

La Fiscalía entregó videos, audios y declaraciones para comprobar la presunta responsabilidad de los detenidos en las ciudades de Bucaramanga, Cali y Barranquilla, los sitios donde se concentraron los operativos e investigaciones contra la primera línea. La evidencia fue soportada por el fiscal, confirmada por la Procuraduría y refutada por la defensa.

“Dónde están aquellas capacidades de mando, de dirigir, de ya mando plata, de ya mando a recoger, que ya voy por ustedes, no su señoría, son conversaciones normales que no son indicativas de nada. Señora juez, para el honorable ente acusador es necesario una cárcel porque son un peligro para la sociedad y para la comunidad”, dijo el abogado de un capturado.

En los audios y videos efectivamente aparecen quienes ahora fueron judicializados. Un agente infiltrado logró meterse en estas organizaciones criminales para recuperar las pruebas que ahora se presentaron en las audiencias como la evidencia que demostraría la presunta responsabilidad de los procesados.

En la diligencia se escucharon las conversaciones entre quienes ahora aparecen como capturados y allí se entiende cómo se coordinaban para lanzar ataques contra la Fuerza Pública, entidades públicas, privadas y afectar el transporte en las ciudades donde ejercían su actividad criminal, escondida en la protesta legítima.

La Fiscalía insistió que todos los capturados representan un peligro para la sociedad y que el material de prueba es suficiente para demostrar su responsabilidad en los hechos que fueron investigados y de cómo su participación en la llamada primera línea estuvo vinculada con los ataques al orden público.

Los defensores rechazaron la solicitud de la Fiscalía, de imponer una medida de aseguramiento contra los capturados, no solo por insistir que las pruebas son elementos circunstanciales y no de responsabilidad, sino que es falso el nivel de peligrosidad que advierte el fiscal del caso.

“Estará listo al llamamiento que realice la justicia porque se encontrará privado de la libertad en su casa. Esta medida cumplirá con todos y cada uno de los requisitos que establece el legislador, no se pondrá en riesgo la sociedad”, dijo el abogado.

Un defensor reconoció que la investigación de la Fiscalía tiene elementos de prueba difícil de refutar, pero advirtió que se trata de adolescentes manipulados por mayores que influyen en su forma de actuar y que los lleva a los actos que ahora son investigados por la justicia.