La Fiscalía General de la Nación le solicitó a la jueza tercera de control de garantías de Bogotá imponer medida de aseguramiento en contra de los agentes de la Dijín de la Policía investigados por participar en las interceptaciones ilegales a los teléfonos de Marelbys Meza y Fabiola Perea, quienes trabajaban en la casa de la entonces jefa del gabinete del presidente Gustavo Petro, Laura Sarabia, y a quienes señalaban de tener conocimiento del extravío de una maleta que contenía cuatro mil dólares en efectivo y varios documentos oficiales.
Para la fiscal del caso, los cuatro agentes representan un peligro para la sociedad y pueden afectar la investigación mediante la destrucción, alteración o manipulación de elementos materiales probatorios. Por esto, es necesaria una medida de aseguramiento que proteja los fines constitucionales y evite, a toda costa, que se afecte el proceso.
Como antecedente puso de presente el hecho de que, en un pasado no muy lejano, el intendente Alfonso Quinchanegua y la patrullera Dana Alejandra Canizales alteraron un informe de policía judicial para lograr que los abonados telefónicos de Meza y Perea fueran anexados a una investigación que se adelantaba contra alias Siopas, el temido comandante del Clan del Golfo.
“El informe del 30 de enero lo entregaron unas personas a Alfonso y Dana, incluso al primero le fue remitido el informe a su correo electrónico por parte de Garmán Alonso Cabana, pero este informe fue modificado por ustedes dos, tanto en su fecha y hora, como en su contenido, incluyendo una actividad que no se hizo en actos urgentes”, señaló la fiscal durante la audiencia de imputación de cargos celebrada el pasado viernes.
En los documentos presentados por la Fiscalía General se reseña que el número de Marelbys fue vinculado como el de alias La Cocinera, la encargada de prepararle los alimentos a alias Siopas; mientras que el abogado de Fabiola Perea aparecía como el de La Madrina, una de las personas de confianza del jefe de la banda criminal.
Con un afán de buscar información sobre los movimientos y charlas de Marelbys Meza, los investigadores de la Dijín también interceptaron la línea de los dos mejores amigos de la exniñera. Y es que en la denuncia presentada por Andrés Fernando Parra, esposo de Laura Sarabia, se ponía en entredicho a la niñera y su núcleo de amistades, indicando entre líneas que habrían tenido algún tipo de participación en el hurto.
“A través de engaño, consiguieron que la fiscal 101 del Grupo de Investigación de Hurtos de la Seccional Bogotá ordenara la interceptación de los abonados celulares (...) pertenecientes a Marelbys del Carmen Meza Huertas, quien trabajaba en la casa de la señora Laura Sarabia como niñera del hijo de aquella, y a Johson Pineda Sarmiento, persona cerca de la señora Meza Huertas”, aclaró la fiscal en la imputación.
Frente a esta situación, los apoderados de Marelbys Meza, Fabiola Perea y las otras dos personas “chuzadas” le pidieron a la jueza que las reconozca como víctimas dentro de este proceso penal.
En la tarde del pasado viernes, la Fiscalía General les imputó los delitos de falsedad ideológica en documento público, falsedad material en documento público, fraude procesal y violación ilícita de comunicaciones al capitán Carlos Andrés Correa Loiza; al intendente Alfonso Quinchanegua Quinchanegua; a los patrulleros John Fredy Morales Cárdenas y Dana Alejandra Canizales Bonilla, y al civil Fredy Alexander Gómez. Tras la pregunta de la jueza tercera de control de garantías de Bogotá, todos se declararon inocentes.