El fiscal general, Francisco Barbosa, encabezó una reunión clave con la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro; el secretario de Gobierno de Cali, Andrés Felipe Stapper; y representantes de la fuerza pública, para abordar la creciente problemática de seguridad en la región.
Durante el encuentro, Barbosa presentó un ambicioso plan de priorización destinado a implementar nuevas líneas de investigación con el objetivo de combatir las conductas delictivas que más afectan la seguridad ciudadana. El plan busca también desmantelar estructuralmente a las organizaciones criminales que tienen influencia en la zona.
“En el marco de la articulación que tiene que hacer la Fiscalía con los nuevos gobiernos departamentales y municipales, estamos evaluando cuáles son las estrategias que deben continuar y se deben fortalecer contra las diferentes actividades delictivas. Lo hicimos para el Valle del Cauca hoy, proponiendo que vamos a abordar unas líneas investigativas a 60 y 90 días con resultados concretos en homicidio, en extorsión, en microtráfico y en hurto. En Cali (…) planteamos unas comunas específicas donde se va a abordar esta situación con fiscales, con investigadores específicos, también en esas dinámicas delictivas”, anunció el fiscal.
Las investigaciones se centrarán en municipios como Buga, Tuluá, Roldanillo, Cartago, Sevilla y Buenaventura. En Cali, se priorizarán barrios como Mojica, Comuneros, El Vergel, Poblado I y II, y Potrero Grande.
“Esas líneas investigativas, por supuesto, van a ser abordadas y puestas también ya en consideración con los fiscales que ya empezaron a trabajar en estos asuntos, tanto en ciudades que han venido sufriendo muchísimo por la situación de orden público y seguridad como Tuluá, como Jamundí, como Buenaventura, como Cartago (...) en fin, algunas de las ciudades que tienen mayores problemas e incidencias”, enfatizó.
El fiscal general explicó que la estrategia también tiene como objetivo impactar el patrimonio de las redes delictivas que afectan a las comunidades a través de la extorsión y otras conductas ilegales con fines de lucro.
“Iremos no solamente en el caso penal, sino también en extinción de dominio en temas como extorsión y vamos a establecerlo en algunos los municipios del país, especialmente en Tuluá, en Jamundí y en Buenaventura, mirando también temas de extinción con fiscales encargados”, precisó.
Los equipos de trabajo para las nuevas líneas investigativas se distribuirán de la siguiente manera:
- Homicidio: 4 fiscales del Grupo Vida y 1 fiscal para impacto de estructuras en Cali; y 6 fiscales de Estructura de Apoyo (EDA) para Buga, Tuluá, Roldanillo, Cartago, Sevilla y Buenaventura.
- Microtráfico: 3 fiscales de Estructura de Apoyo (EDA) para Cali; y 3 fiscales para Buenaventura, Tuluá y Cartago.
- Hurto: 3 fiscales especializados para Cali; y 3 fiscales para Buenaventura, Tuluá y Cartago.
- Extorsión: 3 fiscales Gaula para Cali; 2 fiscales Gaula en Tuluá y 2 fiscales Gaula en Buenaventura.
Además, el fiscal general reveló que existen órdenes de captura pendientes contra 442 personas responsables de homicidios en Cali y diversos municipios de Valle del Cauca. En respuesta, anunció una colaboración estrecha con la Policía Nacional y el Ejército Nacional para materializar estas órdenes y reducir la presencia de homicidas en las calles. El plan tiene un plazo de 30 días para su ejecución, enfatizando la importancia de actuar rápidamente ante estos delincuentes para prevenir reincidencias y reducir la violencia.