Un nuevo capítulo se empieza a escribir en el largo proceso penal contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por los presuntos delitos de fraude procesal y soborno que incluso generó que, en su momento, la Corte Suprema de Justicia, le dictara medida de aseguramiento al exmandatario. Ahí Uribe y su defensa consideraron que ante este alto tribunal no tenían las garantías para un juicio justo y equilibrado, Uribe renunció a su curul en el Senado y su caso, pasó al proceso ordinario en el que es la fiscalía la que investiga.
En un primer momento, el proceso fue asumido por el Fiscal Gabriel Jaimes, quien en su indagación no encontró méritos para continuar el proceso penal, y luego de una larga exposición ante la jueza 28 de Bogotá, solicitó la preclusión de la investigación, que no fue aceptada, así Jaimes dio un paso al costado y el caso fue reasumido por el también fiscal Javier Fernando Cárdenas.
Según señala la Fiscalía, frente a este caso asumido por Cárdenas, “fueron practicados los actos de investigación sugeridos por la jueza 28 penal del circuito de Bogotá, quien negó la solicitud de preclusión de la investigación solicitada previamente”.
En su momento, la jueza había considerado que no había elementos suficientes para avalar esta solicitud de preclusión sin una investigación a fondo, en gran medida acogiendo los argumentos de quienes se presentaron como víctimas en el proceso, como el ya habitual antagonista de Uribe, el senador Iván Cepeda, en exfiscal Eduardo Montealegre, y la exesposa del testigo estrella Juan Guillermo Monsalve, Deyanira Gómez, entre otros.
Al parecer, esos vacíos que había planteado la jueza 28 harían sido subsanados por el fiscal Javier Fernando Cárdenas quien, “en algo más de tres meses de actividades investigativas, tomó 14 declaraciones, realizó un interrogatorio al imputado, ejecutó siete inspecciones a diferentes autoridades, hizo una búsqueda selectiva en base de datos y practicó pruebas técnicas y análisis forenses en fotografía y video, acústica, informática forense y extracción de información de teléfono celular, entre otras”.
Ya en materia jurídica, la Fiscalía, a través de un comunicado, confirmó los motivos técnicos por los cuales tiene validez que se presente, nuevamente, una solicitud de preclusión de la investigación penal contra el expresidente Uribe.
“En atención a lo dispuesto en el artículo 294 del Código de Procedimiento Penal y conforme a las interpretaciones constitucionales y legales del Tribunal Superior de Bogotá y la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en sede de tutela dentro de este mismo caso, el fiscal delegado radicó una nueva solicitud de preclusión de la investigación”, señala la Fiscalía, argumentando el motivo de la nueva decisión.
Así las cosas queda todo servido para que se dé un nuevo y extenso capítulo, esta vez de la solicitud de preclusión, que como ocurrió con la pasada petición enfrentará los argumentos jurídicos que presente el fiscal Cárdenas y la defensa de Uribe en cabeza de los abogados Jaime Granados y Jaime Lombana, contra los esgrimidos por quienes se han considera víctimas de una persecución de Uribe, entre quienes están el exfiscal Montealegre, el abogado Miguel Ángel del Río, representante de Deyanira Gómez, y Reinaldo Villalba, abogado de Iván Cepeda.
En su momento, la jueza 28 había señalado que “la Fiscalía no logró demostrar la aticipidad de las conductas investigadas de fraude procesal en el caso de los testigos que fueron abordados por Diego Cadena y Juan José Salazar, para ser escuchados con los ofrecimientos económicos y de apoyos jurídicos”.
Para la jueza era claro que existe inferencia razonable de autoría o participación en la comisión de las conductas que, por el contrario, la Fiscalía intentó precluir en su solicitud: fraude procesal y soborno en actuación penal. Sin embargo, aclaró la jueza que con su decisión no hace responsable al expresidente Uribe de la comisión de esos delitos, solo de que existe la probabilidad de la ocurrencia de las conductas punibles.
En todos los hechos enunciados por la Fiscalía, los seis que presentó en su argumentación para pedir la preclusión, a criterio de la jueza, no fueron de recibo, pues el fiscal del caso no logró derrumbar la inferencia razonable valorada por la Corte Suprema de Justicia en la investigación que incluso ayudó a construir la misma Fiscalía.
La defensa de víctimas logró, según la jueza, demostrar y construir una hipótesis de tipicidad del fraude procesal, luego de demostrar cómo las declaraciones de los testigos de la Fiscalía llegaron a conclusiones opuestas, pues no recuerdan fechas y, al contrario, sí las reuniones con el senador Iván Cepeda.
“El despacho estima que se puede afirmar razonablemente una hipótesis de tipicidad de la conducta de fraude procesal en relación con el manuscrito remitido por (alias) Racumín y que a través de la defensa técnica se llevó a la Corte Suprema de Justicia”, dijo la jueza, al momento de negar en primera instancia la preclusión.