La Fiscalía General de la Nación emitió este miércoles 25 de enero un breve comunicado donde entregó detalles de la diligencia de declaración entregada este martes por Daniel Rojas Medellín, director de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
De acuerdo con el ente acusador, en la diligencia, el director de la SAE “entregó dispositivos electrónicos e información que están siendo analizados para determinar si pueden constituirse en material probatorio de hechos de corrupción que se estarían” presentando en esa entidad, según los señalamientos de Daniel Rojas Medellín.
Asimismo, el ente acusador destacó que se priorizaron las investigaciones por presuntos hechos de corrupción en la SAE.
“Como se dijo en días pasados, no se ha reactivado alguna mesa interinstitucional, sin embargo, se han priorizado las investigaciones por presuntos hechos de corrupción denunciados, debido a que la Fiscalía le ha entregado a esa entidad más de 26 billones de pesos producto de acciones judiciales en contra de organizaciones criminales y de personas que han infringido la ley”, destacó la Fiscalía.
“En el marco de sus competencias, la Fiscalía recibirá todas las denuncias que las entidades remitan donde haya señalamientos de hechos que constituyan delito. Lo anterior, para realizar los trámites respectivos conforme la misionalidad de la entidad (Artículo 250 de la Constitución Política de Colombia)”, agregaron desde el ente acusador.
Vale destacar que en manos de la Fiscalía General de la Nación quedó una grave denuncia del presidente de la Sociedad de Activos Especiales (SAE): el resultado de una auditoría de ciberseguridad sobre el alto riesgo de seguridad que tiene la entidad en sus sistemas informáticos.
Según el estudio, la SAE tiene 73,9 % de vulnerabilidad informática, lo que significa que cualquier persona, incluso sin altos conocimientos, puede entrar al sistema de la entidad, hacer cambios en el inventario, navegar en carpetas compartidas e incluso desaparecer del inventario los bienes incautados. En pocas palabras, puede hacer lo que quiera.
El resultado de ese estudio fue entregado por Rojas Medellín al director especializado Contra la Corrupción, Eduard Alirio Calderón, y a la fiscal 20 de esa dirección, Luz Angela Carreño Lozano, con quien se reunió por casi dos horas.
En la reunión, el presidente de la SAE y el vicepresidente jurídico, Sebastián Caballero, le entregaron a la Fiscalía información importante sobre presuntas irregularidades y situaciones preocupantes que podrían configurar graves hechos de corrupción en la administración de la SAE. La idea, según Rojas, es que la Fiscalía apoye con las respectivas investigaciones.
SEMANA conoció que el presidente de la SAE le entregó al ente acusador información sobre diferencias entre el inventario de la SAE y el reportado por la Superintendencia de Notariado y Registro, falencias en el sistema de información de la SAE y algunas denuncias que han sido radicadas en la Entidad.
Sobre las diferencias de información entre el inventario de bienes inmuebles de la SAE y la que se encuentra en la base de datos suministrada por la Superintendencia de Notariado y Registro, como entidad encargada de llevar el registro de la propiedad inmueble, la SAE concluyó que varios folios que presentan anotación de medidas cautelares en la base de datos de esta superintendencia no están registrados en el sistema de la SAE, algunos no fueron migrados de la DNE a la SAE o simplemente se debe hacer un proceso de verificación con el fin de establecer si cuentan con medidas cautelares en procesos de extinción de dominio o aun contando con dichas medidas, las mismas no provienen de un proceso de extinción de dominio.
Al término de la reunión, la Fiscalía se comprometió a hacer un análisis interno con el cruce de información que ellos también manejan en su base de datos, para avanzar en la unificación de los bienes del inventario de la SAE.