Bastante polémica generó la directiva que emitió la Fiscalía para definir el alcance y el trabajo de los fiscales en todo el país, respecto de los delitos cometidos en el marco o con ocasión de la protesta. De acuerdo con los expertos, la directiva desdibuja la línea que existe entre la movilización pacífica y los actos criminales en las manifestaciones públicas. La Fiscalía se defiende.
A través de un comunicado, el ente acusador advirtió que la directiva sale de un estudio riguroso que se hizo a partir de diferentes sentencias de las Cortes Suprema de Justicia y Corte Constitucional, respecto de la protesta pacífica. Allí, según la Fiscalía, se precisa el “alcance de los derechos y deberes de quienes convocan y participan en la protesta social pacífica”.
Dijo la Fiscalía que la directiva establece cuáles podrán ser las decisiones de los funcionarios de la entidad en el proceso de judicialización de personas que terminen capturadas en medio de las movilizaciones, lo que se puede considerar un derecho de los manifestantes y cuándo puede convertirse en delito.
“Se trata de una herramienta para las y los funcionarios de la entidad en la que se precisa el alcance de los derechos y deberes de quienes convocan y participan en la protesta social pacífica, los escenarios y acciones permitidas, las competencias de los funcionarios y la manera de abordar los hechos delictivos cometidos durante las movilizaciones”, explicó el ente acusador.
A través de un comunicado de prensa, la Fiscalía insiste que los funcionarios de la entidad gozan de independencia a la hora de tomar las decisiones. Sin embargo, advierte que se debe brindar protección a los defensores de derechos humanos y periodistas que participan en los cubrimientos durante las manifestaciones.
“Se reitera el marco legal y procesal aplicable a las investigaciones por actos que desbordan el ejercicio del derecho a la protesta pacífica. Se insta al personal de la Fiscalía a adoptar decisiones libres de prejuicios y de discriminación, brindando especial protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas que cubren los ejercicios de protesta social”, señaló el ente acusador.
La directiva, según la Fiscalía, deja en claro cuáles son las conductas que representan mayor riesgo para el orden social durante las movilizaciones, hechos a criminales que tienen que ser investigados por el ente acusador y de paso establecer responsabilidades de quienes resulten capturados en esos escenarios.
“De igual manera, se ahonda en las conductas delictivas de relevancia en escenarios de protesta tales como la obstrucción de vías, perturbación en servicio de transporte público, colectivos u oficial; violencia contra servidores públicos, daño en bien ajeno y asonada. Así mismo, se precisan las formas de participación en este tipo de conductas punibles y las diferencias entre coautoría y concierto para delinquir”, dijo la Fiscalía.
Lo que resulta importante para la Fiscalía es resaltar que en la directiva se establece claramente la diferencia entre lo que significa la protesta pacífica y un hecho delictivo en el marco de las movilizaciones. Asimismo, cuál será el mecanismo para la recolección de elementos materiales probatorios que sirvan en los procesos de judicialización de las personas capturadas.
“De esta manera, la Fiscalía General de la Nación busca contribuir en la consolidación de rutas democráticas, que le permitan al país exponer sus diferencias a través del debate respetuoso y de la protesta social pacífica”, cierra el comunicado de la Fiscalía.