Una tormenta jurídica y política de grandes proporciones se desató el lunes de la semana pasada. No es para menos. Ese día, la Fiscalía General realizó un operativo que desde entonces se convirtió en tema obligado en todo el país y cuyas consecuencias aún son imprevisibles.A la una de la tarde de ese día, un nutrido grupo de agentes del CTI detuvo en una de las calles del exclusivo sector de El Poblado, en Medellín, al ganadero Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe. El momento estuvo cargado de tensión. Desconcertados por lo que estaba ocurriendo, los cuatro escoltas del hacendado desenfundaron sus armas y lo mismo hicieron los hombres del CTI. Por varios minutos se insultaron mutuamente mientras se apuntaban con las pistolas. Finalmente, el propio Santiago Uribe se encargó de calmar la situación y evitar una tragedia.Al enterarse de la captura, el expresidente Álvaro Uribe, quien se encontraba en Estados Unidos en una gira académica, canceló su agenda y adelantó su regreso al país. Mientras esto ocurría, los agentes trasladaban a su hermano Santiago desde la capital antioqueña a la sede del búnker de la Fiscalía en Bogotá. Irónicamente, allí quedó recluido en una de las celdas del lugar, no muy lejos de donde se encuentra el jefe paramilitar Daniel Rendón, alias Don Mario, uno de los testigos en su contra.¿De qué lo acusan?Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia fue quien ordenó detener a Santiago Uribe. Y si bien se supone que esos funcionarios son autónomos, es claro que nadie toma una determinación de ese calibre sin consultar a sus superiores. El arresto ocurrió justo cuando le queda un mes en el cargo al fiscal general, Eduardo Montealegre, quien termina su periodo el 29 de marzo. Sin duda, se trata de una de las decisiones más grandes importatntes y polémicas del cierre de su gestión como jefe del ente acusador.Santiago Uribe está señalado de dos presuntos delitos: homicidio agravado y concierto para delinquir por conformación de grupos paramilitares. El primero contempla una pena que oscila entre los 26 y 50 años de cárcel, el segundo entre 12 y 27 años de prisión.El caso que hoy tiene al hermano del expresidente tras las rejas se remonta a 1993. Santiago era señalado de ser uno de los fundadores y patrocinadores de un grupo paramilitar, bautizado como Los Doce Apóstoles, que tenía su centro de operaciones en el municipio de Yarumal, Antioquia. Se trataba de un grupo dedicado a asesinar selectivamente a supuestos colaboradores de la guerrilla, así como a ejecutar acciones de ‘limpieza social’, contra personas señaladas de ser prostitutas, ladrones o vendedores de droga. El grupo, financiado por ganaderos, estaba conformado por paramilitares que contaban con la ayuda de la fuerza pública. De allí, el cargo por concierto para delinquir.En febrero de 1994, en la zona donde actuaban Los Doce Apóstoles, Camilo Barrientos, un ayudante de bus, fue acribillado tras ser señalado de colaborar con de la guerrilla. Según varios testimonios, Santiago Uribe habría ordenado cometer ese crimen. A mediados de los años noventa, la Fiscalía de entonces investigó el tema, pero como se trataba solamente de testimonios de oídas y no de testigos directos archivó el caso.Durante los siguientes 15 años, poco se volvió a hablar del tema de Los Doce Apóstoles. Sin embargo, el caso revivió con fuerza inusitada hace seis años, en 2010. En ese entonces, el mayor retirado de la Policía Juan Carlos Meneses envió al periódico estadounidense The Washington Post un video con una entrevista donde afirmó que él, como comandante de la Policía de Yarumal, había formado parte de Los Doce Apóstoles y volvió a señalar a Santiago Uribe como jefe y patrocinador de ese grupo paramilitar.Meneses realizó la explosiva declaración en Argentina, donde estaba tratando de asilarse. La justicia colombiana reabrió el proceso ya que el exoficial se convertía en el primer testigo directo contra Santiago Uribe. De Argentina Meneses salió para Venezuela, en donde estuvo escondido durante varios años y desde donde ratificó sus denuncias contra el hermano del expresidente.Esencialmente, Meneses ha dicho que cuando llegó como comandante a Yarumal, su antecesor, el entonces capitán Pedro Benavides, le presentó a varios ganaderos de la zona, entre ellos a Santiago Uribe. Le explicó que ellos habían conformado un grupo de autodefensas financiado por esos hacendados, los cuales recibían entrenamiento militar en la finca La Carolina, de propiedad del mismo Uribe. Benavides, según ha dicho Meneses, le pidió colaborarle al grupo paramilitar con información y, eventualmente, ayudarle en algunas acciones, a lo cual finalmente Meneses accedió.Durante los tres meses que comandó la Policía de Yarumal, Meneses dijo que les entregó información a integrantes de Los Doce Apóstoles. También que, incluso, llegó a guardar armas de ese grupo en la estación de Policía del pueblo. Un segundo testigo estrella apareció en el proceso. Se trataba de Alexander Amaya, otro policía, quien era el escolta de Meneses y declaró en la Fiscalía para ratificar todo lo dicho por el mayor retirado sobre los crímenes de Los Doce Apóstoles y el papel de Santiago Uribe.A los dos testimonios se sumó en el expediente un tercer testigo considerado clave por la Fiscalía. Se trata de Eunicio Pineda, quien trabajó en una finca vecina a La Carolina, y a finales de los años noventa se exilió en Europa. Desde allí ha declarado que en la finca de Santiago Uribe se entrenaban los paramilitares.Con base en estas afirmaciones, en 2013 la Fiscalía llamó a rendir indagatoria a Santiago Uribe. El hacendado y sus abogados presentaron argumentos y declaraciones de testigos con el fin de desmentir los señalamientos en su contra. Una de las tesis de la defensa de Uribe consistió en señalar que el principal testigo contra el hermano del expresidente, el mayor Meneses, era un prófugo que lanzaba acusaciones desde el exilio. Sin embargo, la situación cambió en enero de 2014 cuando Meneses decidió entregarse a la justicia colombiana para sostener personalmente sus señalamientos.A lo largo de los últimos dos años, especialmente en 2015, la Fiscalía continuó investigando el caso de Santiago Uribe y Los Doce Apóstoles. En esa recolección de pruebas y testimonios, el ente investigador anexó el año pasado al expediente la declaración de dos jefe exparamilitares, Diego Murillo, alias Don Berna, extraditado en 2008 por el gobierno de Álvaro Uribe, y alias Don Mario. Los dos capos afirmaron que si bien no estuvieron en la zona ni les constaban directamente las acciones de Los Doce Apóstoles y Uribe, alguna vez el asesinado comandante de las AUC Vicente Castaño les dijo que el hermano del expresidente era el jefe de ese grupo que actuó en el nordeste antioqueño.Berna afirmó que en dos o tres oportunidades en la finca La 15, Castaño dijo ser amigo de Santiago. Don Mario, por su parte, dijo que “en la década de los noventa lo que existían eran grupos de seguridad privada que luego se volvieron AUC para defenderse de la guerrilla. Entre estos grupos estaba Los Doce Apóstoles de la familia Uribe. Al comandante de Los Doce Apóstoles le decían Rodrigo o Julián Bolívar y el superior de este era Santiago (Uribe)”.A esos dos testimonios se suma otro, el de un exparamilitar desmovilizado llamado Pablo Hernán Sierra, alias Alberto Guerrero. “Santiago Uribe, el expresidente Uribe, los hermanos Santiago y Pedro Gallón y los Villegas fueron los fundadores de lo que terminó siendo el bloque Metro. Antes de las AUC existió un grupo en la zona llamado Los Escopeteros comandado por Santiago Uribe y Ernesto Garcés”, declaró.Esos testigos indirectos, como los llama la Fiscalía, han sido fuertemente cuestionados por la defensa al considerarlos simplemente como de declaraciones de ‘oídas’.La Fiscalía elaboró un documento de 277 páginas que, básicamente, contiene las razones por las cuales decidió solicitar la medida de aseguramiento contra el hermano del expresidente. Allí no solo están recopiladas las declaraciones de esos testigos directos e indirectos, sino otra serie de elementos para sustentar su decisión.De acuerdo con ese documento, en los últimos dos años la Fiscalía realizó 350 inspecciones de casos ocurridos entre 1989 y 1998, especialmente en la llamada zona vertiente Chorros Blancos: Yarumal, Angostura, Briceño, Campamento y Valdivia. Como resultado de esas labores los investigadores documentaron 164 homicidios que habría cometido el grupo de Los Doce Apóstoles. Ese ejercicio le ha permitido a la Fiscalía afirmar que se trata de crímenes de lesa humanidad, y, por lo tanto, no prescriben.Si bien el hermano del expresidente ha sido señalado hasta ahora únicamente como supuesto determinador de un homicidio, el del ayudante del bus Camilo Barrientos, la hipótesis de la Fiscalía va encaminada a tratar de sustentar que al patrocinar y conformar ese grupo paramilitar pudo llegar a tener relación directa con todos los crímenes cometidos por ese grupo.La gravedad de esa sindicación fue uno de los motivos por los cuales la Fiscalía decidió detenerlo. La defensa y la Procuraduría General criticaron duramente esa decisión porque la consideran excesiva, mucho más si se tiene en cuenta que el hermano del expresidente se ha presentado ante las autoridades siempre que lo han requerido. Sin embargo, en el extenso documento que soporta la orden de captura, el fiscal delegado ante la corte afirma que la detención preventiva se hace necesaria debido a que “existe evidencia sobre la interferencia de Santiago Uribe Vélez, por interpuestas personas, para controlar los resultados de las investigaciones penales a favor de otros miembros de la organización armada y como estrategia para garantizar su silencio. Existe una concertación de testigos que están faltando a la verdad para favorecer los intereses de Santiago Uribe Vélez y desviar la investigación”, dice uno de los apartes del documento.La defensa del hermano del presidente, la bancada en pleno del Centro Democrático, la Procuraduría y otros sectores anunciaron que acudirán a todas las instancias internacionales posibles en busca de veedurías y garantías especiales en un caso que consideran una persecución. Lo cierto de este episodio es que a corto plazo habrá más consecuencias políticas que jurídicas. Por tratarse de un caso adelantado por el viejo sistema penal, Ley 600, la Fiscalía tendrá 240 días para formular la acusación contra Santiago Uribe. Mientras eso ocurre, la batalla será más política que jurídica.