Uno de los hombres claves del gobierno del presidente Gustavo Petro se enfrenta a la justicia por tres delitos que se habrían cometido en medio de la contratación para comprar cien motos eléctricas para la Policía Metropolitana de Bogotá. Los hechos se habrían presentado cuando el actual mandatario de los colombianos era alcalde de la capital del país.
En medio de los alegados finales del proceso contra el director del Departamento Administrativo de la Función Pública, César Manrique Soacha, la fiscal Zeneida López Cuadrado le solicitó a la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia una sentencia condenatoria contra el funcionario por las inconsistencias que se habrían presentado en dicha licitación.
Según la fiscal López, se debe declarar “al señor César Augusto Manrique Soacha, penalmente responsable de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación en favor de terceros. Por ello, solicita su sentencia condenatoria como responsable de los delitos examinados en este juicio”.
Entre los detalles que entregó la fiscal del caso, explicó que el peculado por apropiación a favor de terceros habría superado los mil millones de pesos y detalló que se produjeron sobrecostos en la etapa contractual con elementos básicos que se debieron considerar desde que arrancó el proceso de contratación.
“Este servidor público, en su calidad de gerente del Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá, no cumplió el deber que le imponía la Constitución y en su lugar, con su actuar, dio lugar a transgresión del bien jurídico de la legislación pública”, agregó la fiscal Zeneida López. Quien explicó que dicha contratación se desarrolló con cierta “ligereza”.
La representante del ente acusador también explicó que una de las inconsistencias del contrato empezó el 8 de agosto de 2012, cuando el contratista presentó una cotización para la adquisición de las motos por un valor de 38 mil millones de pesos, pero en menos de veinte días llegó una segunda cotización en la que el valor se incrementó por la adición de unos maleteros laterales y el color de la moto ‘verde limón’.
“No se entiende cómo esto podría generar costos adicionales si la contratación se dirigía a satisfacer necesidades precisamente de esa entidad (Policía). Estos elementos como maleteros y el color carecen de lógica que se hubieran tenido que adicionar como costo y con ello se elevó el valor de la moto en 43.570.000″, agregó la fiscal.
El apoderado de la Secretaría de Seguridad de Bogotá, entidad que ha sido reconocida como víctima en el proceso, indicó en medio de la audiencia que “se evidenció que en medio de la etapa precontractual que terminó en la adquisición de cien motos estaba acordada con antelación y como consecuencia no fuera el producto de la observancia de los principios de transparencia e igualdad”.
Manrique lleva este proceso ante la Corte Suprema de Justicia por el papel que cumplió como gerente del desaparecido Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá, durante la administración de Gustavo Petro en la Alcaldía de Bogotá.