La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Fiscalía General de la Nación (FGN) suscribieron un acuerdo de cooperación, en el que establecen mecanismos ágiles y permanentes de comunicación y artículación para que ningún delito del conflicto armado quede impune.
Lo que ocurre en este caso es que, muchas veces, un delito relacionado con el conflicto cae en la competencia condicionada, prevalente y exclusiva de la JEP, y cuándo, en cambio, permanece temporal o definitivamente bajo el conocimiento de la justicia penal ordinaria. También refirieron los casos de la competencia de la JEP en los que la Fiscalía retiene algunas de sus funciones, en aras de asegurar que no se suspenda la labor investigativa del Estado mientras la JEP define enteramente la situación jurídica.
No obstante, en esos últimos eventos, precisaron que la FGN, tal y como lo ha señalado la Corte Constitucional, “no puede restringir la libertad del sujeto, ni comprometer su responsabilidad y tampoco citarlo a diligencias judiciales”.
En el acuerdo, cuyos detalles conoció SEMANA, tanto JEP como la Fiscalía General de la Nación diseñaron mecanismos para avanzar en la lucha contra la impunidad.
La Fiscalía presentará nuevos reportes sobre hechos graves y representativos, y reseñará sus resultados investigativos más recientes, la identidad de los presuntos autores y partícipes, su hipótesis de investigación y los medios de prueba, los elementos materiales probatorios y la evidencia recaudada.
Con esta información, la JEP advierte que complementará sus propios hallazgos y contrastará las versiones voluntarias de los comparecientes, antes de definir si formula imputaciones en su contra o si define la situación jurídica mediante mecanismos no sancionatorios, según el nivel de responsabilidad de cada uno de ellos.
En el caso específico de terceros civiles y agentes del Estado no integrantes de la fuerza pública, la JEP y la FGN se comprometieron a agilizar los procesos transicionales y ordinarios, con el fin de que los máximos responsables y partícipes determinantes sean sancionados.
Para esos efectos, señalan que “continuamente compartirán información sobre todos aquellos que se hayan sometido voluntariamente a la JEP, que todavía puedan hacerlo –en los plazos previstos en la ley– o que hayan sido objeto de compulsas de copias por parte de Justicia y Paz. La Fiscalía General de la Nación también se comprometió a asistir a la JEP en la vigilancia de lo que se conoce como régimen de condicionalidad y a informarle si alguna de las personas de su competencia ha cometido delitos posteriores a la firma del Acuerdo Final para la Paz y defraudado el deber de no repetición”.
Finalmente, a través del mencionado acuerdo, la JEP y la FGN reforzaron la seguridad jurídica de los antiguos integrantes de las Farc-EP y de los miembros de la fuerza pública que han recibido tratamientos de justicia transicional como contrapartida a sus aportes al proceso de paz y a los derechos de las víctimas. En especial, se aseguraron de que ninguno de ellos sea privado de su libertad, sindicado o citado a diligencias judiciales por autoridades distintas a la JEP.
Lo que avanza en el Congreso
Hace un par de semanas, se anunció la radicación de un proyecto de ley que busca reformar la Justicia Especial para la Paz (JEP). Al menos, meterle el acelerador para que defina en el menor tiempo posible gran cantidad de peticiones de presos (exguerrilleros y militares) en las cárceles, los cuales quieren contribuir con la verdad y no les han dado respuesta.
La iniciativa es amplia y la presentará el senador Antonio Correa, del Partido de la U, quien ha dicho que actualmente hay 800 reclusos que pertenecieron a las Farc y siguen tras las rejas en espera de una decisión.
La JEP, después de más de cinco años de haber sido creada tras la firma de los acuerdos de La Habana, no decide, expresó.
La idea, según el proyecto de ley, es establecer unos tiempos de respuesta de tres meses para que le definan su situación carcelaria.
Aunque inicialmente se especuló que esta iniciativa abriría la puerta para el perdón social, no es cierto. SEMANA conoció que busca exclusivamente cambiar algunos procesos para que la JEP funcione con más celeridad, pero no permitirá el ingreso de las bandas criminales. Tampoco los desertores de la justicia transicional, entre ellos, Iván Márquez y las disidencias de Marquetalia.