El enfrentamiento armado que se está presentando en la frontera de Arauca con Venezuela desde hace varios meses está afectando el libre ejercicio del periodismo. Así lo denunció la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) en una nueva alerta difundida en sus redes sociales.
“La prensa en el departamento de Arauca está siendo presionada por grupos armados para publicar información. Esto pone en riesgo la seguridad e integridad de las y los periodistas”, alertaron.
La Flip asegura que se está forzando a los comunicadores a difundir información de las partes en conflicto, un hecho que consideran inadmisible ya que, según advirtieron, “les genera un riesgo de ser objeto de represalias y lleva a la autocensura que afecta gravemente la circulación de información sobre la situación de emergencia en la región”.
El panorama es grave para los comunicadores sociales que cubren los eventos noticiosos en esa zona fronteriza, ya que durante la primera semana de este 2022 la Flip tuvo conocimiento de que al menos siete periodistas de Arauca han recibido presiones y amenazas de parte de las disidencias de las Farc y del ELN para que publiquen información que entregan a través de WhatsApp.
La gravedad de la intimidación se la dejó ver la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) en uno de los casos, después de que un reportero se rehusó a publicar la información. Denuncian voceros de esta organización que al profesional del periodismo le advirtieron que “de no hacerlo debía atenerse a las consecuencias”.
La Flip insistió en que la violencia focalizada en Arauca debió prevenirse meses atrás cuando en conjunto con la Defensoría del Pueblo emitieron varias alertas tempranas para advertir de esta situación. En agosto de 2021 ambos organismos denunciaron la desprotección estatal de la prensa local, la cual indicaron estaba obligada a la autocensura como mecanismo de autoprotección.
Asimismo, en septiembre de 2021 la Flip también denunció que la violencia se estaba intensificando y generaba riesgos individuales con un alto costo para la libertad de expresión y de prensa. En ese momento, aseguraron, un periodista fue forzado a publicar información tras ser retenido por grupos armados.
“En Arauca los ataques al ejercicio periodístico aumentaron de manera alarmante después de la firma del Acuerdo de Paz, en el año 2016. En cinco años se documentaron 90 agresiones contra medios y periodistas, un tercio fueron cometidas por grupos armados”, precisa la fundación, que documentó 24 agresiones contra la prensa en ese departamento a lo largo del año 2021, 13 de las cuales fueron amenazas.
De acuerdo con el pronunciamiento de la Flip este tipo de situaciones “son un indicador del alto riesgo y un factor de predictibilidad de la violencia que debe ser tenido en cuenta por las autoridades”.
Hicieron un llamado al Ministerio de la Defensa y al Comité Departamental de Justicia Transicional para que adopten medidas con el fin de fortalecer la protección y promover la seguridad y el respeto de los profesionales del periodismo que informan sobre el conflicto en el departamento de Arauca.
Además solicitaron a la Unidad Nacional de Protección que atienda de manera urgente y prioritaria las solicitudes de protección y las evaluaciones de riesgo de periodistas de la región, reconociendo el contexto de violencia y los riesgos diferenciales del oficio periodístico.
Tras la cruda realidad del conflicto en Arauca, el Gobierno ordenó el desplazamiento de dos batallones a la región de los crímenes ocurridos en los primeros días de 2022. En total fueron enviados 620 militares, que se suman a los más de 6.000 uniformados que se encuentran en la zona enfrentando a los grupos ilegales armados.
El ministro de Defensa, Diego Molano, indicó que de las 23 personas asesinadas ya se logró la identificación de 21 de ellas. De acuerdo con el funcionario 14 corresponden a ciudadanos colombianos y los otros siete a personas de nacionalidad venezolana.
El jefe de la Defensa reveló que, entre los cuerpos identificados por las autoridades, ocho de los fallecidos eran personas que tenían antecedentes judiciales por distintos delitos como fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego, violencia intrafamiliar e inasistencia alimentaria, lesiones personales, injuria por vías de hecho, rebelión, secuestro extorsivo, homicidio, receptación, fuga de presos y toma de rehenes.
Recordó el ministro que entre los primeros cuerpos identificados se encontraron dos cabecillas de la estructura 10 de las disidencias de las Farc.