El 20 de junio de 2020, en plena pandemia, el entonces concejal Eduvier Restrepo Grajales estaba en la calle y en aparente estado de embriaguez. Cuando la Policía del municipio de San Pedro, en el Valle del Cauca, lo requirió, el funcionario quiso evitar el procedimiento y completó su ruego, al parecer, con 90.000 pesos en efectivo.
Luego de recuperar los elementos materiales probatorios y establecer la presunta responsabilidad en el supuesto ofrecimiento del entonces concejal a los policías del municipio, la Procuraduría tomó la determinación de formular un pliego de cargos en contra del funcionario por los graves hechos, que incluso pueden ser materia de investigación de la Fiscalía.
“La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos al exconcejal de San Pedro, Valle del Cauca, Eduvier Restrepo Grajales (2020–2023), por el presunto ofrecimiento de dinero a los miembros de una patrulla de la Policía Nacional que lo detuvo por conducir en aparente estado de embriaguez”, advirtió el ministerio público.
El exconcejal, de acuerdo con el Ministerio Público, incluso advirtió y aprovechó su cargo como cabildante para interceder ante la autoridad de Policía y evitar el procedimiento que claramente incluía la inmovilización del vehículo y la apertura de investigaciones penales por conducir en aparente estado embriaguez.
“La Provincial de Instrucción de Buga indicó que, al parecer, el entonces funcionario fue detenido en el municipio y al momento de ser requerido por las autoridades invocó su investidura parlamentaria para evitar que se le impusiera la sanción correspondiente a la infracción referenciada”, señaló la Procuraduría.
Las declaraciones que recaudó la Procuraduría y que advirtieron los graves hechos con el supuesto ofrecimiento de dinero fueron fundamentales para adelantar la investigación y llevar a la formulación de cargos en contra del exfuncionario. Insistieron los uniformados que el cabildante les prometió la entrega de 90.000 pesos.
“En el mismo sentido, el Ministerio Público resaltó que los policías afirmaron que el día en que detuvieron a Restrepo Grajales se había decretado ley seca en Guadalajara de Buga, por lo que estaba restringida la venta de licor, y que les entregó un total de 90 mil pesos para que omitieran el cumplimiento de sus funciones”, señaló la Procuraduría.
El Ministerio Público calificó de gravísimos los hechos enumerados en la investigación y que se convierten en la base de un juicio disciplinario en contra del exfuncionario y que podría llevar a una sanción con la inhabilidad correspondiente.