La Procuraduría General de la Nación ha tomado medidas contra el exsecretario general de 4-72 (Servicios Postales Nacionales SAS) Juan Manuel Reyes Álvarez y la exdirectora Nacional de Gestión Humana de la misma entidad María Yaneth Galindo Barbosa, por una presunta falta en su supervisión de un contrato de suministro de personal de apoyo que fue valorado en 16 mil millones de pesos.
Según las investigaciones realizadas por el Ministerio Público, se cree que los acusados no cumplieron su deber de garantizar el cumplimiento de los límites presupuestales establecidos en el contrato, lo que llevó a la empresa contratada a continuar prestando el servicio incluso después de que se agotaran los recursos destinados para ese propósito. Como resultado, el contratante presentó una demanda por 369 millones de pesos.
La Procuraduría considera que la falta de los investigados es grave a título de culpa gravísima. La omisión de sus deberes habría llevado a la empresa contratada a incurrir en gastos innecesarios y a exceder los límites presupuestales establecidos en el contrato, lo que representaría una falta de responsabilidad y compromiso con los recursos públicos.
En este sentido, la Procuraduría ha anunciado que se adelantará un proceso disciplinario en contra de los acusados y se tomarán las medidas necesarias. La Procuraduría tiene el deber de investigar y sancionar cualquier falta o irregularidad cometida por funcionarios públicos y, en este caso, ha tomado las medidas necesarias para garantizar la protección de los intereses públicos.
Cargos contra exgobernador de Putumayo
Por otra parte, por presuntas irregularidades en la construcción del parque principal de Mocoa, Putumayo, por más de $ 7 mil millones, la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el exgobernador de Putumayo Jimmy Harold Díaz Burbano (2012-2015) y el entonces secretario de Planeación, Ronald Hernando Latorre Otaya (2014-2015).
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, al parecer, el exgobernador habría celebrado el contrato de obra para el Parque General Santander con unos estudios previos, incompletos e insuficientes que habrían sido elaborados y avalados por el entonces secretario de Planeación.
“Las pruebas recaudadas muestran que el negocio bilateral se tramitó y celebró sin que previamente se hubiese expedido por parte de la Alcaldía de Mocoa la respectiva licencia de construcción, lo que impidió su ejecución y la afectación de los recursos públicos, pues debió devolverse al contratista $ 581.767.520 por los gastos en que incurrió para la legalización del contrato”, asegura el organismo de control.
En consecuencia, la obra, que contaba con un presupuesto oficial de $ 7.838.957.914 y un plazo de ejecución estimado en diez meses, no habría podido ser ejecutada.
La falta del exgobernador y su secretario de Planeación fue calificada, provisionalmente, como gravísima a título de culpa por la Procuraduría General.
Pliego a exservidores de la ANH
Todo parece indicar que exfuncionarios habrían firmado varios contratos de prestación de servicios en los que se pagaron valores diferentes a los establecidos en la tabla de nómina de la entidad. Por eso, la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra la entonces vicepresidenta administrativa y financiera de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Ingrid Yaneth Mejía Chaparro (2017-2018), por posibles irregularidades en el pago de varios contratos de prestación de servicios.
De igual forma, la decisión también cobijó a los entonces vicepresidentes técnicos de la ANH Carlos José Rodríguez Taborda (2018-2020) y Omar Alonso Mejía Tette (2017-2018). También para el vicepresidente de Operaciones Regalías y Participaciones de la época de la Vicepresidencia, Arnoldo Morales Delgado (2017-2018).
Los cuatro exservidores de la ANH, al parecer, habrían firmado varios contratos de prestación de servicios en los que se pagaron valores diferentes a los establecidos en la tabla de nómina de la entidad.
“A juicio de la Procuraduría, estos contratos se habrían pactado de manera discrecional desatendiendo (…) la tabla salarial debidamente definida por la entidad que le establecía los valores, por lo que estos no podían ser determinados de manera caprichosa”, indicó el organismo de control.
En total, se habrían celebrado 38 contratos, en 21 de los cuales se habrían pactado montos superiores a los fijados en la Tabla de Perfiles y Honorarios de los bilaterales de prestación de servicios profesionales, “en detrimento del patrimonio estatal”, y otros 17 estarían por debajo de lo estipulado en el señalado documento, “afectando al contratista”.