La semana pasada, cuando se anunciaron los nombres que habían pasado el primer filtro para la Justicia Especial para la Paz, hubo uno en especial que llamó la atención. Entre los casi 2.000 abogados que enviaron su hoja de vida se encontraba Francisco Ricaurte. El expresidente de la Corte Suprema de Justicia habría sido en otro momento un perfil ideal para integrar ese tribunal, al que deberían llegar las personas más preparadas del país. Sin embargo, la forma como este abogado cartagenero salió de la Rama Judicial generó cuestionamientos sobre su aspiración al que será uno de los organismos más clave del proceso de paz. Ahora, el exmagistrado es señalado por sus propios colegas de haber participado en los hechos de corrupción relacionados con Gustavo Moreno, Leonardo Pinilla y Alejandro Lyons. Puede leer: Terremoto judicial en la Corte Suprema de Justicia Lo que acaba de suceder en la Corte Suprema de Justicia no tiene antecedentes en ese alto organismo. El pleno de los magistrados le pidió a la Comisión de Acusaciones que investigue a dos de sus expresidentes, Francisco Ricaurte y Leonidas Bustos. Ambos han sido magistrados que alcanzaron a tener un enorme poder dentro de la Rama Judicial y que han salido de esos altos cargos en medio de enormes tensiones. La aspiración de Ricaurte a la JEP no había pasado desapercibida en el mundo judicial. Aún antes de que se destapara este escándalo, su postulación entrañaba una enorme paradoja. Hace un par de años el magistrado se había convertido en el símbolo de lo que se conoce como la "puerta giratoria". Es decir, de la práctica que tenían los magistrados de saltar de una corte a otra.Durante muchos años esta fue una práctica usual. Sin embargo, en el caso de Ricaurte existía un factor adicional: “el yo te elijo, tú me eliges”. El expresidente de la Corte Suprema pasó a ser magistrado del Consejo Superior de la Judicatura con los votos de las personas que él mismo había designado. El Consejo de Estado consideró que esta era una razón suficiente para anular la elección. A pesar de tener un fallo en contra, el jurista evitó en innumerables ocasiones abandonar su despacho. A punta de recursos judiciales, Ricaurte logró detener la aplicación de la sentencia. El caso se volvió un punto de honor para los magistrados del Consejo de Estado, en un momento en que el país criticaba los excesos a los que habían llegado los magistrados de las altas cortes. Por eso, la presidenta de esa alta corporación, María Claudia Rojas, dijo que ese fallo iba a “marcar una pauta” y anunció que así arrancaba "la reforma a la Justicia”. Aunque la puerta giratoria no aplicaba para la JEP, pues el Comité de Escogencia es independiente y de hecho compuesto en su mayoría por extranjeros, la aspiración de Ricaurte había despertado críticas entre quienes consideraban que a ese nuevo organismo, crucial para el proceso de paz, debían de llegar personas sin tacha alguna. Ricaurte explicó en el formulario que presentó para ese cargo las razones que lo motivaron a participar por un cupo en el Tribunal de Paz. Comenzó diciendo que "existe un déficit de derechos y también de justicia en el país, entre muchas otras razones, porque el ordenamiento jurídico se creó de espaldas a una realidad evidente, esto es la de la existencia del conflicto interno armado y fue ese quiebre el que permitió que se produjera un relato judicial parcialmente ajeno a lo que en la sociedad estaba ocurriendo, aquí el derecho, como ciencia, no tuvo la capacidad de ser omnicomprensivo y limitó su posibilidad de acción, pero por sobre todo de justicia". El formulario da cuenta de una hoja de vida en cargos casi todos dentro de la Rama Judicial. Abogado de la Universidad de Cartagena, con especialización en derecho laboral de la Javeriana y en instituciones jurídicas laborales en la Universidad Nacional, Ricaurte comenzó su carrera en 1990 como Juez Noveno Civil Municipal de Cartagena. De allí pasó a ser juez laboral del circuito, magistrado de la sala de descongestión laboral, magistrado auxiliar de la Corte Suprema y luego titular de la misma corporación. Su último cargo público fue en el Consejo Superior de la Judicatura. En su motivación, Ricaurte asegura que tiene múltiples significados para él postularsee ante el Tribunal Para la Paz, "de un lado la férrea convicción de que la paz es una construcción de todos y todas, que requiere legitimación y compromiso, pero también la acción para ampliar el canon democrático y superar la fase de violencia".La decisión que toma la Corte Suprema de Justicia conmocionó al mundo judicial. Nunca antes se había anunciado una investigación de esa magnitud contra tantos magistrados y mucho menos pedida por el mismo fiscal general y sus propios colegas. Son tan graves las acusaciones contra ellos que la embajada de Estados Unidos hizo público que les retirará la visa. El proceso en el que están envueltos se entrelaza con otro gran escándalo judicial: el caso de Gustavo Moreno. El fiscal Néstor Humberto Martínez aseguró que las revelaciones de los magistrados se realizan en el marco de una investigación iniciada por el búnker y hecha con el apoyo de la justicia norteamericana. "El ente acusador recibió en el día de hoy elementos probatorios que servirían como evidencia de hechos consumados en nuestro país. Las autoridades de los Estados Unidos compartieron comunicaciones electrónicas y conversaciones entre el ex gobernador de Córdoba Alejandro Lyons y Gustavo Moreno y Leonardo Pinilla. En varias de ellas se hace relación a solicitudes de sumas de dinero o a pagos que se habrían hecho con la intervención o conocimiento de los referidos abogados en el ejercicio de su profesión con anterioridad de 2017".El fiscal aclaró que tales hechos tienen que ver con procesos penales que se llevaban en la Corte Suprema de Justicia contra aforados constitucionales. Y agregó que en las conversaciones el abogado Pinilla menciona a Musa Besaile, Hernán Andre y Luis Alfredo Ramos, así como los exmagistrados Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte. Por eso, Martínez compulsó copias de esto a la Comisión de Acusaciones para que adelanten investigaciones contra los ex magistrados. Las palabras de Martínez causaron conmoción en el mundo judicial. No solo porque se trata de tres políticos con mucha visibilidad, sino porque implica a personas que hasta el momento se consideraban como los pesos pesados de la Rama Judicial. Ricaurte fue por muchos años uno de los hombres más poderosos del Palacio de Justicia. Fue presidente de esa corporación en el peor momento del enfrentamiento con el entonces presidente Uribe. Tanto que hoy, el líder del Centro Democrático aseguró que las revelaciones que se han hecho en su contra son una prueba más de la persecución de la justicia contra miembros de su partido. "Mientras escuchaba la declaración del señor fiscal me recorría una gran tristeza de pensar que María del Pilar Hurtado, Bernardo Moreno, Alberto Velásquez, Sabas Pretelt de la Vega han sido víctimas", dijo inmediatamente después de la rueda de prensa del fiscal. Ricaurte tuvo la vocería de ese choque de trenes en la época de la parapolítica y las chuzadas (cuando los magistrados eran más héroes que protagonistas de escándalos). Y en ese momento, esa posición le dio peso, poder y prestigio. Sus colegas cuentan que durante años fue muy difícil ser magistrado sin su visto bueno y que durante la reforma a la Justicia de Santos muchas de las reuniones entre magistrados y congresistas se hicieron en su casa. Ahora, el magistrado pasa a estar al otro lado de la mesa. Tendrá que responder en el Congreso por cuestionamientos muy serios. Tiene en su contra el haber compartido oficina con Gustavo Moreno hace un par de años. Esa cercanía seguramente será expuesta en lo que viene para él. Aunque el proceso ante la Comisión de Acusaciones es lento y poco efectivo (tanto que le dicen la Comisión de Absoluciones), el hecho de que su caso caiga en plena campaña política asegura que estas acusaciones tendrán eco y abrirán un nuevo tsunami judicial que dejará en entredicho a muchos. El magistrado Ricaurte le dijo a SEMANA que no se pronunciará hasta no conocer de qué se trata el proceso.