SEMANA conoció que este miércoles Alberto Rojas, magistrado de la Corte Constitucional, frenó un embargo que ordenó en su momento el juez 15 del Circuito de Barranquilla contra Coomeva EPS: se trataría de un embargo desmedido e irregular.

Lo primero que aclara la Alta Corte es que las cuentas maestras son inembargables porque tienen recursos destinados al sistema de salud, y estas deben garantizar la atención a los colombianos.

Coomeva EPS tenía una deuda de $2.000 millones con la firma Sabbeg Radiología, lo que originó un proceso ejecutivo. El caso llegó al Juzgado 15 de Barraquilla y el juez consideró que el problema se solucionaría embargando una cuenta maestra por un valor de $53.000.000.000, recursos destinados en su mayoría a pacientes de alto riesgo, con enfermedades como cáncer.

La acción no fue considerada apropiada por el magistrado que, sin embargo, enfatizó que “el decreto de medidas provisionales no significa en manera alguna un prejuzgamiento sobre la controversia, pues no debe entenderse como una medida anticipatoria del sentido del fallo, sino como un mecanismo dúctil orientado a propiciar la efectividad de la protección de los derechos”, señala en el auto.

Y precisamente buscando garantizar el derecho a la vida con esta medida provisional, ofició al Banco AV Villas para que, en el término perentorio de veinticuatro horas contado a partir de la notificación, proceda a adoptar la medidas para desbloquear las cuentas maestras abiertas por Coomeva EPS y administradas por la Administradora de Recursos del Sistema de Salud, Adres.

De igual manera, ordenó al Juzgado 15 Civil del Circuito de Barranquilla abstenerse de ordenar la entrega de títulos de depósito judicial a cualquiera de los ejecutantes y/o sus apoderados en el proceso ejecutivo.

Para la Adres es claro que “se decretó el embargo sobre recursos de naturaleza inembargable, cuya destinación no es la de garantizar las obligaciones de las EPS y que transgrede gravemente los derechos fundamentales de los usuarios en salud”.

Por su parte, la Red Nacional de Veedurías, que ya había denunciado la gravedad de este tipo de embargos e incluso la existencia de un posible cartel de embargos, celebró la decisión del magistrado. “La Corte Constitucional le pone freno al abuso de los recursos, protegiendo el derecho fundamental a la salud y la vida de los afiliados a Coomeva, al igual que el patrimonio público”, señaló el veedor Pablo Bustos.

¿Están embargando de manera irregular los recursos de la salud de los colombianos?

Luego de las denuncias realizada por la Red de Veedurías, la Procuraduría le pidió explicaciones a otro de los jueces señalados de supuestamente ordenar embargos, al parecer irregulares. La Procuraduría General de la Nación le pidió al Juzgado 35 Civil de Bogotá explicaciones sobre la manera en la que se estarían adelantado algunos procesos. El ente de control, el primero de septiembre, envió una carta en la que indicó que según el marco legal algunas cuentas son inembargables sobre todo si el dinero proviene de los recursos generales de participación.

En el documento, el órgano de control hace un recuento de los argumentos que da la legislación colombiana para proteger tales recursos; quizás uno de los más importantes es que ese dinero que aportan los colombianos al sistema de salud tiene una destinación específica y, por consiguiente, es inembargable.

Bustos indicó que ese dinero embargado pone en riesgo la vida de 20.000 pacientes con cáncer y otras patologías de alta complejidad. Al parecer, en el despacho del juez 35 estarían cursando alrededor de 67 procesos relacionados con el sistema de salud. “Algunos ejecutivos y algunos pocos declarativos, en donde se han decretado medidas cautelares, el cual tendría como propósito presentar demandas millonarias que terminan con frecuencia en manos de los mismos jueces y despachos judiciales“, indicó la Procuraduría basándose en los hechos de relevancia denunciados.

La Procuraduría pide al juzgado indicar si se han presentado embargos al sistema de salud y aclarar si en ellos ha contado con la presencia del Ministerio Público, pues por tratarse de recursos sagrados al tener una disposición especial deben contar con la supervisión de la Procuraduría. Pues solo en casos muy excepcionales se podría dar tal situación.

El veedor le manifestó a SEMANA que los embargos son desmedidos, pues se conoció otro caso en Bogotá que involucra a la EPS Medimás, que actualmente tiene una deuda con Global Life Ambulancias S. A. S., firma que inició un proceso de embargo por $48.000 millones. “El monto es 24 veces superior a la deuda, algo exagerado; los bancos solo embargarían un 100 % más, es decir, 4.000 millones”, advierte Bustos.

“Otra cosa que llama la atención es que esta firma está tratando de contratar con el Ejército colombiano... ¿así van a actuar con la salud de los uniformados?”, se cuestionan desde la veeduría.

De estas supuestas irregularidades ya tiene conocimiento la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, pues la Fundación Internacional Cárceles al Desnudo, la cual también vela por los pacientes de alto costo, solicitó protección especial e intervención para garantizar los derechos de los usuarios del sistema de salud en Colombia.