La Defensoría del Pueblo alerta con preocupación que hay una situación de riesgo inminente y se advierten atentados contra la vida, integridad, libertad y seguridad, la población civil, que se pueden materializar en amenazas, desplazamientos, homicidios, tributación forzada vía exacción o extorsión y de manera posible, aunque remota, enfrentamientos con interposición de población civil, según reportó la entidad a través de un comunicado público.
En la entidad señalan que, ante la presencia de la facción disidente Segunda Marquetalia y del ELN en la región nororiental del Huila, se actúe teniendo en cuenta que se están creando dos posibles escenarios: la primera, una alianza y distribución funcional para ejercer el control del territorio y los réditos ilegales de las exacciones forzadas.
La segunda implica un eventual escenario de disputa entre la Segunda Marquetalia y el ELN con ocasión al control de las extorsiones y contribuciones arbitrarias a comerciantes, transportadores, agricultores y pobladores en general.
No se descarta confrontaciones entre el Ejército y el ELN, dado que este último no participa del actual cese al fuego decretado por el Gobierno. Es posible señalar un riesgo de confrontaciones bélica con interposición de la población civil.
“Que los líderes pidan respeto por la comunidad, sus familias y el territorio donde viven, no debe ser una causa para que los grupos armados ilegales los amenacen y les hagan señalamientos de estar apoyando a otro grupo armado legal o ilegal. Por una situación como esta, es que emitimos una alerta de riesgo inminente para los corregimientos de Vegalarga y Río Ceibas, de la zona oriental de Neiva, y las áreas colindantes de los municipios de Tello, Baraya, en Huila”, indicó Carlos Camargo Assis, en su calidad de defensor del Pueblo.
Los hechos de violencia con el que la organización busca ejercer el control de los territorios no se estaría presentando solo recientemente, pues en el documento de la alerta temprana recopila un antecedente directo, ocurrido el 24 de junio de 2022, cuando seis integrantes de la facción disidente de las antiguas Farc-EP Segunda Marquetalia entraron a una casa del sector conocido como Cinco Veredas (integrado por las veredas Canoas, San Miguel, Primavera, Los Alpes y Palestina) del corregimiento Río Ceibas, en Neiva. Allí, los hombres armados ordenaron que uno de los pobladores saliera de su vivienda para irse con ellos, pero la comunidad, rápida y masivamente, acudió al lugar para impedir que se consumara cualquier hecho de violencia en contra de esta persona o su familia.
Camargo dice que cuando los líderes comunales rechazaron el accionar de las personas armadas exigiendo respetaran su territorio y dejando de lado las extorsiones a los pobladores, agricultores y comerciantes, empezaron a recibir amenazas para atentar contra la vida e integridad de los habitantes de sus comunidades.
Uno de los puntos que más preocupan a la entidad defensora de derechos humanos es la cantidad de desplazamientos en los que han caído líderes ambientales y sus familiares. Al igual que decenas de pobladores que denuncian despojo de tierras.
Desde la Defensoría del Pueblo indicaron que toda esta situación generó que la comunidad de los corregimientos de La Ceiba y Vegalarga se declarara en asamblea permanente, y varias entidades del nivel regional y la fuerza pública llevaron a cabo acercamientos y mesas de trabajo con las comunidades por la gravedad de la situación y se adoptaron varias medidas; pero las amenazas en contra de los líderes y lideresas comunales y comunitarios se recrudecieron en febrero de este año.
“No solo son las acciones violentas directas, también es urgente proteger a las comunidades que son estigmatizadas y acusadas de colaborar o prestar auxilio a la Segunda Marquetalia y a los que este grupo armado, por su parte, llama informantes y colaboradores de la fuerza pública y los señala de paramilitares. Las situaciones de señalamiento y estigmatización referidas, así como la falta de respuesta oportuna y adecuada del Estado a las amenazas, extorsiones y otros hechos violentos, hacen que muchas personas eviten acudir a las diferentes autoridades a interponer sus quejas o denuncias por desconfianza y temor”, enfatizó Carlos Camargo.
Finalmente, indicaron el riesgo llegaría el área urbana de Neiva debido a su proximidad territorial y posibles intereses como el fortalecimiento de sus redes colaboradores y el afincamiento de economías ilegales a través de la asimilación de grupos delincuenciales u otros que controlen el expendio y venta de drogas ilegales, así como las extorsiones y la imposición de contribuciones arbitrarias.