Cúcuta y Norte de Santander están cayendo de manera progresiva y acelerada en manos de la criminalidad.
El creciente mercado de las drogas ilícitas y la vecindad con el régimen de Nicolás Maduro se mantienen como los principales factores de inestabilidad de la región, a cuyo amparo crecen muchas otras modalidades del crimen.
No es una situación aislada que en la capital nortesantandereana estén ocurriendo atentados terroristas como el de la Brigada 30, el del propio presidente Iván Duque y el del pasado 14 de diciembre en el que murieron dos policías.
La frontera entre Colombia y Venezuela es hoy la zona del mundo donde hay más concentración de cultivos ilícitos, según mediciones de Naciones Unidas.
De acuerdo con el reporte de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Undoc) en Colombia, de mediados de este año, Norte de Santander es el Departamento con mayor área sembrada de coca en el país, con 40.084 hectáreas.
Una hipótesis que manejan diversos sectores locales es que al darse la ausencia de Estado en la frontera por la suspensión de todo tipo de comunicación entre los gobiernos de Bogotá y Caracas, la criminalidad tomó su lugar.
El Estado colombiano y su autoridad han sido rebasados por los actores del crimen en la frontera.
El poder que el narcotráfico ha recobrado en la frontera es impresionante.
Según la ONU la producción anual de pasta base de coca en El Catatumbo es de 390 toneladas, lo cual equivale a 25 % de la producción nacional. Y con los precios registrados este año en la región esta producción está tasada en 1,3 billones de pesos al año, lo que es igual a 341 millones de dólares en doce meses de producción.
SI se hace un paralelo con lo que aporta un periodo de gobierno de cuatro años (con alcaldes, gobernadores y el gobierno central), el dinero producto de los cultivos de coca en un tiempo igual llegaría aproximado a los 5,4 billones de pesos, cifra que supera con creces las inversiones estatales.
Si se habla de cocaína, en el mismo informe la producción del Catatumbo, está alrededor de 312 toneladas por año, las cuales -a los valores regionales en un periodo de cuatro años- puede superar los 6,8 billones de pesos, prácticamente el doble de la inversión estatal.
El problema del narcotráfico en la frontera con Venezuela se agrava cada día más, con inmenso impacto negativo para Colombia, porque los carteles mexicanos actúan a sus anchas y el régimen de Nicolás Maduro tiene una clara protección sobre esta acción crimninal.
Las disidencias de las Farc y el ELN, dos de los grandes actores armados que mueven el negocio de las drogas ilícitas en Colombia, son protegidos por Maduro. Los máximos cabecillas de estas organizaciones viven allá protegidos por las autoridades de ese país.
Allá, en ese territorio, han sido dados de baja Jesús Santrich, El Paisa y Romaña, líderes de las llamadas disidencias de las Farc, grandes capos del narcotráfico.
Comenzando por el propio Maduro, acusado por Washington de liderar el narcotráfico, altos funcionarios de su Gobierno y miembros del Ejército (el Cartel de los Soles) protegen a narcotraficantes colombianos y estimulan acciones terroristas en Colombia.
Estos comparativos ayudan a dimensionar el tamaño del mercado local de las drogas ilícitas, por lo cual es más que evidente que los hechos de violencia y presencia de diferentes actores armados en la región tengan como estímulo el control de estas rentas ilegales.
48 trochas en solo Cúcuta
Las propias autoridades colombianas reconocen el surgimiento de por lo menos 14 organizaciones armadas ilegales que controlan todo cuanto ocurre en los corredores fronterizos.
Al amparo del clima de ilegalidad y violencia que impone el narcotráfico han florecido expresiones criminales como tráfico de armas, trata de personas, extorsión, homicidio y contrabando de mercancías en todas las modalidades.
Según la valoración de comunidades locales, el cierre de la frontera empeoró la situación. Al permanecer cerrados los pasos legales por donde se hacía el tránsito legal de personas y mercancías, todo ese flujo tomó el camino de la ilegalidad por la trochas.
Solo en Cúcuta han surgido 48 trochas controladas por organizaciones armadas ilegales que para hacerse a su administración cometen todo tipo de delitos.
Las autoridades dan cuenta en la actualidad que 14 organizaciones armadas ilegales, conformadas por colombianos y venezolanos, que controlan esos corredores por donde circulan personas y mercancías entre los dos países, previo el pago de coimas.
Todo eso ocurre a plena luz del día y ante la mirada impotente de las autoridades.
Desde los puentes Simón Bolívar, Santander en Cúcuta, se puede observar a los ilegales a menos de 20 metros de distancia en operación, día y noche, controlando el paso de drogas, armas, personas, mercancías y gasolina.
Contratando desbordado
En las cuentas de la Cámara de Comercio Colombovenezolana, el contrabando de Colombia hacia el país vecino, por las trochas, está sobrepasando ya los mil millones de dólares por año.
El problema es que de esos mil millones de dólares, las organizaciones ilegales se quedan con cerca de 400 millones de dólares. Lo que también permite comprender su empoderamiento económico y su capacidad para financiar el crimen.
La presión de productos colombianos desde Venezuela aumenta todos los días porque Colombia es el primer proveedor de esos bienes por su cercanía, y porque la dolarización de la economía de ese país ha devuelto el poder adquisitivo a unos sectores.
Los ilegales han acudido a todas las formas posibles para pasar las mercancías a Venezuela, que cada día ejerce una mayor demanda de carne, víveres, productos de aseo, autopartes, perecederos y productos textiles, entre otros.
Algunos han construido planchones por donde pasan vehículos cargados de mercancía por el río. Otros contratan ejércitos de desempleados que pasan los productos a hombro. También están las trochas secas por donde pasan vehículos livianos.
Pasar un mercado de medio millón de pesos para una familia puede costar hasta 200.000 pesos.
Las autoridades ya no tienen capacidad para controlar todo el comercio ilegal en la frontera.
Para el presidente de la Cámara colombovenezolana, Germán Umaña, abrir la frontera no solo abre unas grandes posibilidades para los productos colombianos en Venezuela, sino que les quita espacio a los ilegales.
Mientras el valor de las exportaciones enviadas a Venezuela por las trochas ilegales están tasadas en más de mil millones de dólares, las empresas por los conductos regulares solo venden unos 500 millones de dólares.
Varios comerciantes de Cúcuta, cansados de presionar ante el Gobierno nacional la apertura de la frontera para normalizar el comercio, sin el logro de resultados, convocaron al sector productivo de la ciudad y a las autoridades a restablecer desde este 22 de diciembre, a las 8:00 a. m., el comercio legal entre los dos países, en ese punto de la frontera.
En su declaración pública los comerciantes dijeron que el cierre de la frontera “viene generando un aumento en la delincuencia, la violencia y los actos de terrorismo que está viviendo nuestra ciudad, los cuales rechazamos absolutamente”.
La invitación a “TODAS LAS AUTORIDADES” y líderes del sector productivo comprometidos con los procesos de exportación a que acudan al Puente Francisco de Paula Santander (paso a Ureña), “como testigos” de este paso a la legalización del comercio de la ciudad de Cúcuta, parece un paso desesperado.
La convocatoria para retomar “el comercio legal” a partir de este 22 de diciembre advierte que “no existe ninguna prohibición expresa que nos limite dicha actividad”.
La creciente crisis en la frontera entre Colombia y Venezuela es hoy un tema que tiene que interesarle por supuesto al Gobierno del presidente Iván Duque, pero también a los candidatos que están en la contienda presidencial y a todos los sectores de la región, pues la problemática actual no se resuelve en meses o semanas. Será un asunto de muchos años y con el compromiso de todos.