A la cárcel de Montería (Córdoba) será enviado Gustavo Adolfo Agamez Lara, señalado de asesinar a un joven de 15 años de edad en medio de una discusión que se presentó dentro de un bus de TransMilenio, en hechos registrados en la noche del pasado 8 de octubre. Así lo determinó el juez 16 de control de garantías que puso de presente el grave riesgo que representa el procesado para la sociedad en general, así como la posibilidad que se fugue, teniendo en cuenta los antecedentes que existen.
En su análisis, el juez de control de garantías advirtió que Agamez, sin ningún tipo de justificación, atacó al joven que estaba desarmado y totalmente indefenso. En ningún momento existió un riesgo en contra de su integridad o su vida por los actos en los que estaba inmerso el adolescente dentro del bus articulado, es decir, era totalmente ajeno.
“Estamos indudablemente ante un comportamiento que reviste una gravedad manifiesta dado ese daño real y potenciado, sin el menor respeto por ese valor supremo de la vida se procede por parte del imputado a coartar ese derecho, a cercenarlo”, precisó el funcionario judicial en su extensa, y muy emotiva, intervención al hacer referencia a cada uno de los hechos narrados por la Fiscalía.
“Fue un acto despiadado que evidencia el poco respeto por la vida humana, un hecho sumamente grave donde se arremete inmisericordemente y despiadadamente con un arma cortopunzante en contra de su víctima”, aclaró el funcionario judicial al citar los audios, fotografías y videos que fueron puestos de presente durante la audiencia de imputación de cargos celebrada el pasado viernes.
Los testigos y los videos coinciden en señalar que Agamez Lara, “sin dudarlo y sin motivo alguno procede, de manera brutal, asestarle el cuchillo que tenía en su poder en el pecho, lo que en últimas determinó su fallecimiento” del joven. Igualmente atacó con la misma arma a uno de los amigos del adolescente. “Es una conducta muy grave”.
“No hay ninguna clase de justificación sobre ello, ninguna, cualquier persona se estremece realmente al ver la forma cómo le fue cegada la vida a sangre fría a este adolescente (...) independientemente que se hubiera presentado una riña o cualquier situación”, explicó el juez de control de garantías quien catalogó la explicación de la defensa de Agamez como “un motivo banal” para acabar con el bien más preciado que tiene el ser humano.
Igualmente detalló que el procesado tiene “varias contravenciones” por portar armas blancas y anotaciones judiciales, lo que otorga a este funcionario un pronóstico desfavorable”. Por esto recalcó que “no es un infractor primario (...) no se asegura que se someta a la justicia para sobrellevar a este proceso, no se sabe a qué se dedica, cuál es su rol como ciudadano, no tiene un lugar de trabajo concreto”.
Por esto es que la detención domiciliaria, que pidió su defensor, no garantiza que se presente al juicio. Esto se agrava cuando se evalúa el hecho que huyó del lugar y viajó a Montería para resguardarse en la casa de sus padres: “la única forma de garantizar su presencia fue por medio de una orden de captura”.
“Esta conducta afectó gravemente a una persona y, como tal a una familia, amén de ese peligro latente que sin importar el motivo portando un arma blanca se proceda a cegar el bien supremo de la vida a una persona. Nadie tiene la potestad de pasar por encima de los derechos de otra como si fuera algo sin precio alguno, nadie tiene porque disponer de la vida de otra persona y en ese sentido ese derecho a la libertad debe ceder ante esos valores supremos de la comunidad y, en especial, de la familia o perjudicados”.
El pasado viernes, pese a toda la evidencia probatoria, el hombre se declaró inocente del delito den homicidio agravado.